En medio de la urgencia del gobierno por conseguir la aprobación de su proyecto de Sometimiento a la Justicia, enfrentado a términos legislativos apremiantes, el Pacto Histórico, la bancada mayoritaria de la oposición, recurrió a una estrategia de dilación que le resultó exasperante al presidente de la Cámara de Representantes Nicolás Barguil.
La representante María Fernanda Carrascal se dedicó en la fase culminante del debate a la radicación masiva de recusaciones e impedimentos dirigidos a congresistas de los partidos afectos al gobierno y exigió que se aplicara a rajatabla el reglamento del Congreso para resolverlas una a una y de inmediato.
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Ante las reiteradas solicitudes de suspensión del debate presentadas por Carrascal, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, interrumpió la intervención de la legisladora para rechazar de forma tajante la maniobra.
“No vamos a caer en el jueguito de las recusaciones”, advirtió Barguil de manera categórica, tras asegurar que la mesa directiva no permitiría el bloqueo del orden del día. También le aclaró a ‘Mafe’ Carrascal que, siguiendo el conducto regular, todos sus recursos serían remitidos a la Comisión de Ética para su respectivo estudio, pero que la sesión plenaria continuaría de forma ininterrumpida.
El cordobés Nicolas Barguil logró la presidencia de la Cámara por un golpe de suerte cuando el congresista mas votado Daniel Briceño se le enredó la elección.
La vehemencia de Barguil, normalmente cuidadoso en sus reacciones, sorprendió a propios y extraños que el 20 de julio de 2026 lo eligieron presidente de la corporación con 180 votos de 181 posibles porque lo vieron siempre como un concertador y alguien capaz de hablar con todas las bancadas sin romper la mesa.
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Esa capacidad se puso a prueba en el debate de una iniciativa que rompe el fallido esquema de la paz total y prorroga, con un nuevo enfoque, la vigencia de la Ley de Orden Público. A Barguil le tocó presidir una plenaria de más de doce horas, con recusaciones contra más de cuarenta representantes, con voces que reclamaban a gritos que había vicios de trámite y con la presión de que el plazo para la aprobación de la ley expiraba a medianoche.
Ahí fue puesto a prueba el talante de alguien que, antes de llegar a la política, dedicó tres lustros de su vida a trabajar en el campo, como gerente, asesor y consultor de empresas agroindustriales y como vocero de los productores de cereales y algodón.
El giro de la ley
La Ley de Sometimiento, que pretende establecer un marco jurídico para la entrega y el desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, sorteó un trámite legislativo complejo y se fue de inmediato a la firma del presidente Abelardo De la Espriella. Fue un primer paso clave en su trámite y un triunfo que se anota el Ministro de justicia Iván Cancino
De la Espriella y Cancino dos dos viejos colegas penalistas que compartieron en el pasado muchos negocios como abogados
A partir de su sanción, Colombia tendrá una nueva regla de juego para enfrentar a los grupos armados y a las estructuras criminales. Ya no se hablará de negociaciones de paz con ellos, como ocurría con la política de la paz total. Ahora la única puerta que queda abierta es la del sometimiento a la justicia y esa puerta tiene condiciones muy claras y consecuencias muy concretas, explicó el ministro Iván Cancino González.
El giro no es menor. Quien quiera dejar atrás una organización criminal puede hacerlo, pero no a cambio de un acuerdo político ni de un trato especial. Lo hace aceptando que cometió delitos, sometiéndose a la justicia ordinaria y cumpliendo con las víctimas.
Se cierra la puerta a negociaciones como la que se realizó con el gobierno Petro con el grupo Comuneros del sur, una disidencia del ELN que quedó en el limbo
En otras palabras, desde la perspectiva del gobierno, el Estado no va a sentarse a negociar con un grupo como si fuera un actor político, sino que le ofrece a cada integrante una salida individual y colectiva dentro de la ley, a cambio de verdad, reparación y desmantelamiento real de la estructura.
Para que esa salida funcione, los interesados tendrán que dejar las armas y dejar de cometer delitos. También tiene que decir quiénes hacen parte de la organización, dónde están los menores que fueron reclutados, dónde están los secuestrados y dónde están los desaparecidos que puedan ser buscados.
Además, tiene que entregar el inventario de aquello que la organización tiene, desde bienes y dinero hasta rutas y contactos, porque sin esa entrega no hay forma de reparar a quienes sufrieron sus acciones criminales.
A cambio de todo eso, la ley permitirá que los jueces reduzcan una parte de las penas. Esa reducción no será igual para todos. Quien era un integrante de base y se somete puede obtener una reducción mayor que quien era un jefe, ya que las responsabilidades son distintas.
Duras penas en prisión
Los mandos deberán cumplir por lo menos diez años en prisión y aun así su reducción será menor. Para quienes lavaron dinero, la ley exige haber cumplido una parte importante de la condena antes de pensar en un beneficio. Para aquellos que reclutaron menores, la ley es muy dura. Si ya hay una condena por ese delito, no habrá beneficios.
A diferencia de lo que ocurría con la paz total de Gustavo Petro, el nuevo régimen legal suspende las órdenes de captura, no frena las extradiciones y no detiene las operaciones de la Fuerza Pública contra quienes decidan no someterse. Tampoco crea cárceles especiales ni centros distintos para estas personas. Quienes se sometan pagarán su condena en los establecimientos ordinarios, bajo el cuidado del INPEC y tendrán que participar en trabajos de reparación, como ayudar en labores de desminado humanitario o en la erradicación de cultivos ilícitos.
La extradición de alias Araña quien estuvo detenido en Colombia fue la señal de lo que estaba por venir con la llegada de De la Espriella.
La nueva Ley fue aprobada con una vigencia de cuatro años. En ese plazo, quienes quieran acogerse a ella tendrán que hacerlo y el Estado tendrá que verificar si realmente cumplieron. Si alguien miente, oculta bienes o vuelve a delinquir, pierde el beneficio y vuelve a responder por la pena completa.
¿Plazos breves para decisiones sensatas?
La libertad condicional también quedó con un límite claro, para que el beneficio no se convierta en una puerta giratoria.
Al final, la ley también serviría para mantener en pie herramientas que se habrían caído si no se aprobaba a tiempo. Con ella se prorroga la Ley de Orden Público, que es la norma que permite que funcionen programas como la protección de testigos y el fondo de seguridad y convivencia.
Sin esa prórroga, que vencía este 4 de noviembre, el Estado se habría quedado sin marco jurídico para tratar a los grupos armados que todavía no cesan sus acciones.
Antes de la ley muestre sus bondades, con su aprobación el gobierno cumple una de las promesas centrales de la campaña: acabar con la paz total y enfrentar a las estructuras criminales sin mesas de negociación.
Quien la radicó la iniciativa fue Rodrigo Lara, cuando era ministro del Interior, junto con Iván Cancino, el ministro de Justicia. Lara fue quien le puso la cara inicial al proyecto, pero en medio del trámite salió del gabinete, en una de esas sesiones que terminaron en crisis política. A partir de ahí, quien tomó el liderazgo fue Cancino, que quedó encargado también de la cartera del Interior y se convirtió en el vocero del gobierno en los debates.
Los otros protagonistas del debate en Cámara
En el Congreso, el trabajo pesado lo llevaron los ponentes. En el Senado, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, coordinó la ponencia y defendió que era necesario un nuevo enfoque para enfrentar los retos de seguridad. En la Cámara, Daniel Briceño fue el ponente que tuvo que sostener el debate durante más de doce horas y quien tuvo que volver a someter a votación la ponencia cuando la mesa directiva ordenó repetirla por un posible vicio de trámite.
El peso del tramite de la ley lo cargaron los congresistas del Centro Democrático en el senado Hernán Cadavid y en la Cámara, Daniel Briceño
Del otro lado estuvo el Pacto Histórico, que se convirtió en la principal oposición al proyecto. Sus congresistas presentaron una ponencia de archivo y luego una proposición de aplazamiento, argumentando que el trámite se estaba haciendo a las carreras y que se estaban aprobando artículos sin suficiente debate. Ambas propuestas fueron negadas por amplias mayorías y eso permitió que el proyecto siguiera su curso.
En síntesis, una vez sancionada, la nueva ley le dirá al país que la época de las negociaciones políticas con estructuras criminales se acabó y que ahora la única oferta es someterse, contar la verdad, reparar a las víctimas y pagar una pena. Quien lo haga tendrá una reducción, quien no lo haga seguirá enfrentando a la justicia, a la extradición y a la Fuerza Pública sin beneficios.
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