Miles de contratistas del Estado podrían verse afectados por una de las propuestas incluidas en la denominada Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella, iniciativa que plantea una reducción significativa del gasto público destinado a los contratos de prestación de servicios.
El proyecto presentado ante el Congreso de la República contempla disminuir en un 50 % los recursos destinados durante 2027 a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, tomando como referencia el gasto ejecutado en 2026.
La propuesta hace parte de una estrategia de austeridad fiscal que busca reducir el gasto estatal y aliviar las presiones sobre las finanzas públicas. Sin embargo, también ha generado preocupación entre quienes dependen de esta modalidad de vinculación laboral con las entidades públicas.
¿Qué pasaría con los contratistas en 2027?
De acuerdo con el proyecto, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación tendrían que reducir a la mitad los recursos destinados a esta modalidad de contratación.
Por ejemplo, si una entidad destinó $10.000 millones durante 2026 a contratos de prestación de servicios, tendría que ajustar ese presupuesto a aproximadamente $5.000 millones en 2027, si la disposición es aprobada en los términos planteados.
No obstante, la reducción presupuestal no significa necesariamente que se deban cancelar de manera automática la mitad de los contratos existentes.
Cada entidad tendría que definir cómo cumplir la meta, de acuerdo con sus necesidades institucionales, obligaciones y disponibilidad presupuestal.
Entre las posibles consecuencias estarían la disminución del número de contratistas, la reducción de los valores contractuales o la reorganización de las actividades que actualmente se desarrollan mediante esta modalidad.
El ahorro que busca conseguir el Gobierno
Según las proyecciones presentadas con la iniciativa, el recorte permitiría alcanzar un ahorro promedio anual equivalente al 0,19 % del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en aproximadamente $9,6 billones.
El Ejecutivo sostiene que el gasto en contratación por prestación de servicios ha registrado un crecimiento considerable durante los últimos años.
Las cifras incluidas en la exposición de motivos indican que el número de contratos pasó de 120.000 en 2018 a 177.000 en 2025.
Asimismo, el valor promedio de cada contrato habría aumentado de $20,2 millones a $41,3 millones durante el mismo periodo.
Sin embargo, es importante aclarar que el número de contratos no equivale necesariamente al número de personas vinculadas, debido a que una misma persona puede suscribir varios contratos durante un año.
También habría recortes en la nómina estatal
La propuesta no se limita a los contratistas. El Gobierno también plantea reducir en un 20 % el gasto de personal de las entidades financiadas con recursos del Presupuesto General de la Nación para 2028, con excepción de la Fuerza Pública.
Para los años 2029 y 2030 se contemplarían límites al crecimiento de estos gastos, tomando como referencia la inflación.
Adicionalmente, se proponen restricciones al incremento de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios del Estado entre 2027 y 2030.
La iniciativa también contempla medidas de austeridad relacionadas con viáticos, vehículos oficiales, publicidad institucional, eventos y otros gastos administrativos.
¿Podrían desaparecer entidades públicas?
Otro de los componentes de la propuesta consiste en revisar la estructura del Estado y los recursos destinados al funcionamiento de diferentes organismos.
Entre las medidas planteadas están la reorganización de entidades, la revisión de más de 250 transferencias públicas y la identificación de programas que podrían presentar duplicidad de funciones.
El propósito del Ejecutivo sería eliminar gastos considerados ineficientes y optimizar la utilización de los recursos públicos.
¿Cuándo comenzaría a aplicarse la reducción?
Aunque el recorte del 50 % está planteado para 2027, todavía debe surtir el trámite legislativo correspondiente.
El Congreso de la República tendrá la última palabra sobre el contenido de la iniciativa y podrá modificar, aprobar o rechazar sus disposiciones.
Por lo tanto, mientras no exista una norma aprobada y vigente, no hay una orden general que obligue a terminar la mitad de los contratos de prestación de servicios actualmente existentes.
El debate legislativo será determinante para conocer el alcance de la medida y sus posibles consecuencias para miles de contratistas que trabajan con el Estado colombiano.
