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El actual Sistema general de Regalias SGR tiene ya mas de 15 años de operación después de su creación en el 2011, con el Acto legislativo 05 2012; su funcionamiento echo a rodar el 1 de enero del 2012, reemplazando el anterior régimen representado en el Fondo Nacional de Regalias. Fue con la ley 1530 de mayo del 2021 que se reguló la organización, administración, distribución y funcionamiento de dicho sistema con la creación de los Organos Colegiados de Administración y Descicion OCAD.
En los años 2019 a 2020 se dio una reforma de fondo con el Acto Legislativo 05 de 2019 y la Ley 2056 de 2020 que estableció una nueva organización y funcionamiento del SGR.
Su presupuesto esta organizado en bianualidades y para el periodo 2027-2028 se tiene prevista una cifra aproximada a los 27 billones de pesos, menor en un 11% a la anterior, aunque pueden suceder cambios por las variaciones en los precios del barril del petróleo a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Iran.
Este Sistema es escenario constante de espantosos hechos de corrupción en que están involucradas poderosas mafias contractuales responsables del saqueo de billonarias sumas de dinero.
Ademas, su funcionamiento presenta serias dificultades relacionadas con la planeación, la ejecución, la capacidad institucional y el control de los recursos mediante su Sistema de Seguimiento, Evaluacion y Control (Ssec) que ha mostrado su completa ineficacia por el burocratismo y la presunta corrupción en las visitas, las medidas que se imponen y en su tramite parajudicial interno.
En abril de 2025 el DNP publicó un estudio en donde se señalo que de los $78,2 billones aprobados desde 2017 para más de 22.520 proyectos, aproximadamente $15,7 billones se encontraban en riesgo de pérdida por presuntas irregularidades.
Luego, en octubre del 2025, el DNP informó que el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías había alcanzado un promedio nacional de 76 puntos; pero, 208 municipios evaluados mostraron un desempeño inferior a 58 puntos, asociado, entre otros factores, con demoras contractuales, incumplimiento de actividades y problemas de planeación.
Estos resultados muestran que el sistema de regalias presenta graves dificultades que requieren atención.
En ese sentido, las Regalías necesitan una reforma integral que fortalezca su capacidad de transformar los territorios, garantice la transparencia de los recursos y convierta la participación ciudadana y el control social en un componente efectivo de la gestión de sus recursos financieros.
El debate debe abordar quién decide las inversiones, cómo se ejecutan los proyectos, quién vigila los recursos y cuáles son los beneficios reales para las comunidades.
La pregunta central hoy es que hacer con las Regalias administradas por el DNP.
Algunos sugieren sacarlo del DNP porque estorba su labor de proyección estratégica del desarrollo nacional; otros proponen canalizar parte de las mismas a temas de seguridad, para blindar las inversiones y apalancar mayores tasas de crecimiento del PIB.
En términos generales se han sugerido los siguientes cambios en el Sistema General de Regalias.
La primera seira retomar su finalidad social y territorial. Asi, estos recursos deben contribuir a superar desigualdades regionales y sociales y mejorar las condiciones de vida de la población.
Para tal fin, seria útil fortalecer la inversión en agua potable, saneamiento básico, educación, salud, infraestructura, conectividad y desarrollo productivo.
Segunda. Fortalecer la autonomía territorial. Los departamentos y municipios necesitan mayor capacidad técnica para formular y ejecutar proyectos. Lo que demanda asistencia técnica permanente, fortalecimiento de los equipos de planeación y mecanismos de cooperación entre municipios.
Tercera. Mejorar la planeación de las inversiones. Uno de los escollos del SGR es la existencia de proyectos que enfrentan dificultades durante su ejecución por deficiencias en los estudios previos, presupuestos o cronogramas y por la corrupción en sus tramites. Sería necesario fortalecer la formulación y estructuración de proyectos, así como su articulación con los planes de desarrollo territorial. Se necesita dar prioridad a inversiones estratégicas de impacto regional y no a “proyecticos” sin ningún impacto.
Cuarta. Fortalecer la prevención y control de la sistematica corrupción representada en coimas, peajes y sobornos en el tramite de los proyectos tanto en las oficinas de planeación de los Ministerios concernidos como en la Agencia Nacional del Territorio y en la Sub dirección de Gestion de Proyectos.
Ante la debilidad institucional del SGR se requiere fortalecer los mecanismos de debida diligencia para contratistas, interventores y demás actores relevantes, junto con procedimientos para identificar conflictos de interés, posibles beneficiarios finales y riesgos de concentración contractual.
Quinta. Convertir la participación ciudadana en una accion permanente; pues, la ciudadanía no debería intervenir únicamente cuando un proyecto presenta dificultades. Su presencia debe comenzar desde la identificación de necesidades y continuar durante la formulación, priorización, ejecución, evaluación y cierre. Para lo que se requieren espacios de información, deliberación, seguimiento y rendición de cuentas.
Sexta. Fortalecer el control social territorial tal como lo dispone la ley 1757 del 2015. Las veedurías ciudadanas, las organizaciones sociales, las universidades y las comunidades pueden desempeñar un papel importante en la vigilancia de los proyectos. Por supuesto, con la mas completa información, criterios técnicos y mecanismos institucionales que permitan tramitar sus objeciones.
Séptima. Mejorar la transparencia de la información. Cada proyecto debe contar con información pública, accesible y actualizada sobre presupuesto, contratistas, interventoría, cronograma, modificaciones, avances físicos y financieros y resultados.
Lo cierto es que herramientas como GESPROY-SGR y el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías tienen muchas limitaciones derivadas del burocratismo y la corrupción necesitando ser reorganizados a fondo.
Octava. Establecer alertas tempranas territoriales para identificar oportunamente retrasos, sobrecostos, incumplimientos y riesgos de pérdida de recursos, que es lo que no se da en estos momentos.
Novena. Fortalecer la evaluación de resultados. No es suficiente con demostrar que un proyecto fue contratado, ejecutado y entregado. Es necesario verificar si se resolvió el problema que justificó la inversión.
Décima. Articular las regalías con una estrategia de transformación productiva de las regiones. Las regalías provienen de recursos naturales no renovables. Asi, una discusión estratégica consiste en cómo aprovechar esos ingresos para crear capacidades económicas y sociales sostenibles en los territorios. Lo que implica preveer inversiones en ciencia, tecnología, innovación, transición energética, educación superior y diversificación productiva, para asi reducir la dependencia territorial de las actividades extractivas.
En estos términos es necesario contemplar una reforma legal del SGR mediante replanteamientos constitucionales y legales.
Claro que ciertos ajustes pueden adelantarse mediante fortalecimiento administrativo, metodologías, instrumentos de información, asistencia técnica y mecanismos de coordinación.
Aquellas que impliquen modificar competencias, instancias de decisión, procedimientos obligatorios o reglas de distribución, tal vez necesiten reformas legales o incluso constitucionales.
Por ello, convendría distinguir entre:
Reformas administrativas inmediatas: transparencia, anticorrupción, capacitación, asistencia técnica, seguimiento y alertas con los Auditores ciudadanos.
En ultimas es necesario identificar los puntos estratégicos de descicion sobre el rumbo inmediato de las Regalias.
La discusión sobre las regalías es igualmente un debate sobre la distribución del poder territorial. Asi, es necesario examinar cómo participan las comunidades en la identificación de necesidades, qué influencia tienen los gobiernos territoriales sobre las inversiones y cómo se establecen las prioridades.
También resulta importante evaluar las relaciones entre las entidades ejecutoras, los contratistas y los organismos responsables del seguimiento.
Una reforma estructural podría buscar un equilibrio entre autonomía territorial, eficiencia administrativa, responsabilidad fiscal, transparencia y participación ciudadana.
Una propuesta hoy para dar un viraje al Sistema General de Regalias puede incluir cinco objetivos estratégicos:
1. Democratizar la gestión: ampliar las oportunidades de participación ciudadana en las distintas etapas de los proyectos.
2. Territorializar las decisiones: fortalecer la planeación desde las necesidades y capacidades de departamentos y municipios.
3. Prevenir y combatir la corrupción haciendo efectiva la debida diligencia, el conflicto de intereses, el codigo de integridad, la identificación de riesgos, el Estado abierto, la Auditoria forense y la respuesta oportuna a las alertas generadas desde los derechos de peticion y las Auditorias ciudadanas.
4. Garantizar resultados: evaluar las inversiones por sus beneficios sociales, económicos y ambientales.
5. Construir capacidades para el futuro: utilizar los ingresos provenientes de recursos no renovables para impulsar actividades económicas sostenibles.
En suma, hay que avanzar hacia una reforma democrática, territorial y participativa de las regalías en Colombia pensándolas como un bien común (storn)
El documento podría examinar tres problemas estructurales:
En lo inmediato son dos frentes prioritarios para atacar los problemas del Sistema General de Regalias: la reforma de la ley 2056 de 2020 y los ajustes en el decreto 1821 del 2020 para erradicar la corrupción y garantizar la eficiencia y eficacia en la inversión de los recursos de Regalias.
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