El ministro de Justicia, Iván Cancino, hizo llegar un comunicado a los consejos superiores con las bases legales para advertirles que es el presidente quien decide
Después de varias semanas de intensas protestas en las universidades públicas, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva medida para evitar que estos lugares se conviertan, según él, en “santuarios de impunidad”. La propuesta es que la Policía pueda entrar a los campus cuando haya desmanes y tomar el control de la situación.
En lo que lleva Abelardo de la Espriella como presidente se han presentado al menos 6 jornadas de enfrentamientos entre la fuerza pública y encapuchados, en promedio una por semana. Foto: Leonel Cordero / Las2Orillas.
Este anuncio no solo ha despertado el rechazo del movimiento estudiantil, sino que también ha generado alarma en diferentes sectores por los diferentes riesgos que esto puede representar. Entre los inconformes se encuentran Fecode, el sindicato de profesores de educación pública más representativo del país, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Ambos anunciaron una jornada de movilizaciones para el miércoles 14 de octubre.
También puede leer: La ministra de Educación pavimentó el camino para que más privados manejen los colegios públicos
A pesar del rechazo generado, desde el Ministerio de Justicia, encabezado por Iván Cancino, se publicó un comunicado en respaldo al anuncio hecho por De la Espriella en la noche del pasado domingo 13 de septiembre.
El documento señala que la Ley 1801 de 2016, aprobada en el mandato de Juan Manuel Santos, respalda la decisión del presidente, en tanto que le da facultad a las fuerzas militares de apoyar a la Policía cuando se les sale de control alguna situación de orden público. No obstante, la ley no faculta bajo ninguna circunstancia a las Fuerzas Militares para ingresar a los campus universitarios.
Comunicado del Ministerio de Justicia
Por su parte, la respuesta del movimiento estudiantil no se hizo esperar. En algunas instituciones como la Universidad Nacional sede Bogotá ya se empezaron a realizar asambleas con miras a un posible paro en rechazo a la medida. Sin embargo, prima la cautela en tanto que cualquier decisión apresurada puede agravar la ofensiva de De la Espriella.
Mientras tanto, los estudiantes y profesores alegan que esta decisión de militarizar los recintos académicos va en contra del artículo 69 de la Constitución Política el cual concede la autonomía universitaria, que consiste en que el Estado debe evitar cualquier intromisión política y militar en estos espacios dedicados al pensamiento libre y al debate crítico.
Esto no quiere decir que las universidades públicas sean territorios soberanos en los que no llega la ley. El ingreso de la Policía a los recintos académicos está permitido por la Ley 906 de 2004, siempre y cuando el rector de la institución solicite la intervención policial en caso de que al interior de la institución se esté cometiendo un delito grave, como por ejemplo, fabricación de explosivos o secuestro de personas.
El 16 de octubre de 2009, el expresidente Álvaro Uribe autorizó el ingreso del ESMAD al campus de la Nacional porque el exrector Moisés Wasserman llevaba 6 horas bloqueado dentro de su vehículo por los estudiantes que le exigían respuestas a su administración.
Una de las voces que ha respaldado la postura del presidente es la de Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional en Bogotá. Desde su llegada a la Rectoría, después de dos años de tensiones legales y políticas, Peña ha tomado algunas medidas dentro del campus. Una de ellas ha sido el control de ingreso por las porterías de la universidad, que antes estaban abiertas a todo el mundo y ahora tiene un acceso restringido para quienes no son estudiantes. A esto se suma el refuerzo de los controles de seguridad para combatir el microtráfico que se presenta dentro del campus.
También puede leer: ¿Quiénes son los tres académicos con los que Petro se quería atornillar en la U. Nacional antes de dejar la Presidencia?
Por el momento, de presentarse una situación en la que se cometa un delito grave, el rector deberá solicitar auxilio al presidente y este se encargará de permitir el acceso de la fuerza pública al campus. Sin embargo, según el mismo De la Espriella, se creará un protocolo distinto para actuar en medio de los disturbios, el cual todavía mantiene en expectativa al movimiento estudiantil y a la comunidad universitaria.
Puede ver también:
Navegación de entradas
