Juliana Guerrero no podrá dormir tranquila, el Procurador le sumo un nuevo delito a su condena de 3 años, que podría aumentar de forma importante
La senadora del partido Dignidad & Compromiso Jennifer Pedraza logró demostrar el delito de fraude procesal que llevó a Juliana Guerrero ante los jueces. El pasado 9 de septiembre, Guerrero no tuvo otra alternativa que aceptar su culpabilidad ante el juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Por su caso se estableció una condena de 36 meses de prisión por haber presentado títulos universitarios falsos de la Fundación Universitaria San José. Tras la sentencia, el procurador Gregorio Eljach ordenó presentar una apelación al preacuerdo judicial de Juliana Guerrero para exigir que se investigue la posible comisión de otro delito adicional: falsedad en documento público.
Una condena y un nuevo delito
Sin embargo, el procurador Gregorio Eljach ordenó presentar una apelación al preacuerdo judicial de Juliana Guerrero, quien nació en Valledupar.
Para el procurador, cuando Juliana Guerrero registró o subió títulos universitarios en las plataformas estatales, lesionó gravemente la fe pública y la transparencia del Estado.
En caso de prosperar la acusación contra la vallenata, podría enfrentarse a una pena de cárcel de hasta 12 años, además de una inhabilidad para ejercer como funcionaria pública o desempeñar un cargo con funciones públicas de hasta 15 años.
Durante su tiempo en el gobierno, sus críticos consideraron poco adecuadas las imágenes subidas a sus redes sociales @soy_juliana_g.
La vallenata ya había aceptado un preacuerdo con la Fiscalía por el delito de fraude procesal, tras admitir que falsificó títulos universitarios. Su motivación habría sido obtener los documentos necesarios para intentar posesionarse como viceministra de las Juventudes, en el Ministerio de la Igualdad.
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Con la confesión, recibió una condena de tres años de prisión condicional, es decir, sin pagar tiempo en una cárcel. El abogado que llevó la defensa del caso de la candidata a viceministra de las Juventudes fue Felipe Álzate, del bufete de abogados Álzate Hernández.
¿ Que va pasar?
Eljach, al apelar la decisión, podría hacer que un juez examine la posibilidad de abrir un proceso por un delito adicional contra la fe pública.
Al apelar dicha decisión, el procurador delegado busca obligar al juez a examinar la posible comisión del delito adicional. Si el juez le da la razón a la Procuraduría, la pena de Guerrero aumentaría sustancialmente y podría perder los beneficios de la condena condicional.
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Para la defensa de Guerrero, esto representaría una vulneración de los derechos procesales de la acusada, al reabrir un caso que ya fue investigado por la Fiscalía y sobre el cual un juez ya emitió una decisión.
El desenlace queda ahora en manos del juez penal del circuito, quien deberá decidir si acepta la apelación presentada por la Procuraduría.
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