El expresidente Gustavo Petro dejó para el último día de su gobierno una polémica decisión sobre el páramo de Santurbán. El 6 de agosto pasado, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 0994, con la que declaró reserva 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California (Santander).
La zona es estratégica ya que allí, en el piedemonte del páramo, nace gran parte del agua que abastece más de un millón de personas que viven en Bucaramanga y su área metropolitana, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
En la zona existe una fuerte disputa, desde hace más de 15 años, entre los protectores del agua, la minería tradicional de los municipios de la región, la ilegalidad en la extracción, los grupos armados y la incursión de compañías mineras extranjeras. Por tales motivos, el decreto pretendía blindar Santurbán contra la expansión de la gran minería.
Rosa Amira Mendoza Jaimes tomó la vocería. Junto a otros mineros y habitantes de la zona, instauró una acción de tutela contra el decreto de última hora. La líder santandereana lleva años metida en las discusiones medioambientales de Santurbán. También en las polémicas que atraviesan a California y a los municipios de Soto Norte cuando se habla de minería, agua y medio ambiente.
Rosa Emira Mendoza empezó a curtirse como líder minera hace más de 15 años. Desde entonces, su voz ha sonado duro en las discusiones ambientales y económicas del Páramo de Santurbán.
Cuatro días después de que Rosa Amira y su gente llevaran el decreto a los tribunales, el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga falló la tutela presentada por habitantes de California y ordenó rehacer el procedimiento.
Tres días más tarde, el nuevo Ministerio de Ambiente, ya bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, expidió la Resolución 1037, que revocó la 0994 de Petro. De ese modo, la tutela de Rosa Amira y de los habitantes de California se convirtió en uno de los argumentos jurídicos para desmontar la decisión del anterior gobierno.
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Una mujer de armas tomar
Antes de convertirse en una de las caras visibles de la pelea minera en California, Rosa Amira Mendoza ya había pasado por la política local. En 2011 buscó un puesto en el Concejo de California por Cambio Radical y obtuvo 41 votos. En 2019 volvió a aspirar, esta vez por el Partido ADA, y consiguió 114 votos, suficientes para llegar a la corporación.
No fue una aparición pasajera. En los años siguientes siguió vinculada a las discusiones locales sobre el futuro del municipio, el territorio y la minería. En documentos de la administración municipal aparece en espacios de participación ciudadana y territorial.
En 2024, por ejemplo, fue designada como representante del sector agrícola en el Consejo Territorial de Planeación de California. Su nombre también aparece en documentos relacionados con las discusiones ambientales de la región desde hace más de una década.
Desde 2011, participa de la fuerte discusión ambiental y económica de Santurbán. Con los años, su posición se fue haciendo más visible: defender la actividad minera de las comunidades de Soto Norte y reclamar que las decisiones sobre el territorio no se tomen sin escuchar a quienes viven de él.
Como directora de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte, terminó siendo una de las figuras que acompañó a los habitantes de la zona a llevar el decreto de Petro ante la justicia.
A poner la tutela no llegó sola. Los mineros artesanales han adquirido, a través de las décadas y como una herencia familiar, el hábito de acompañarse en las buenas y en las malas. Detrás suyo, había habitantes de California y organizaciones mineras de la zona que consideraban el procedimiento utilizado por el Ministerio de Ambiente como un acto de exclusión.
Según ellos, no se les había permitido participar con la información necesaria. Entre sus reclamos estaban el acceso a la información pública, la participación ciudadana, el debido proceso administrativo y la igualdad.
Mendoza recibió “con alegría y esperanza” la revocatoria de la resolución. La minera aseguró que su posición no significaba estar en contra de la protección del agua, sino a favor de la inclusión de los mineros en las discusiones. Al fin y al cabo, son ellos quienes buscan oro y plata con sus propias manos.
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Otro decreto de Petro que tumba el nuevo gobierno
Santurbán llevaba años en el centro de una disputa entre quienes defienden la protección del páramo y quienes consideran que las decisiones ambientales han terminado afectando la minería y la economía de los municipios de Soto Norte.
En los últimos días de su administración, Gustavo Petro quiso cerrar esa discusión con varias decisiones. El 6 de agosto, prácticamente al final de su gobierno, el Ministerio de Ambiente expidió tres resoluciones relacionadas con Santurbán. Una avanzó en la delimitación progresiva del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín; otra actualizó una reserva temporal y la 0994 declaró una reserva definitiva de 1.499,23 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja.
La 0994 tocaba las fibras de California. La resolución restringía nuevos contratos, autorizaciones y licencias para proyectos de mediana y gran minería dentro de la zona delimitada. No prohibía la pequeña minería formalizada, pero sí cerraba la puerta a nuevos proyectos de mayor escala en el área reservada.
La decisión cayó en medio de una fuerte discusión local. En una orilla, el gobierno Petro la consideraba una medida de protección del agua y de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Santurbán. En la otra orilla, algunos mineros y habitantes, lideraros por Rosa Emira, acudieron a la justicia para oponerse porque, según ellos, no fueron informados, consultados ni escuchados.
El Páramo de Santurbán es una fábrica natural de agua que calma la sed de Bucaramanga. Allí, confluyen la minería ilegal, los habitantes de la zona, los grupos armados ilegales y las compañías extranjeras. El oro es el objetivo en común.
La tutela fue decisiva. Los habitantes cuestionaron que durante la consulta pública no hubieran tenido acceso desde el comienzo a toda la información que necesitaban para pronunciarse. Un documento de informática forense presentado por los accionantes también puso bajo la lupa modificaciones y movimientos en documentos que hacían parte del expediente.
Uno de los puntos que encontró el juez fue especialmente importante: el Anexo Cartográfico No. 1, que contenía la delimitación oficial de la reserva, no estaba disponible cuando comenzó la consulta el 14 de julio y fue incorporado posteriormente, el 22 de julio. Es decir, la comunidad tuvo que participar en un procedimiento cuyo soporte cartográfico completo no estaba disponible desde el inicio.
El 10 de agosto, cuatro días después de expedida la Resolución 0994, el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga amparó derechos relacionados con el acceso a la información, la participación y el debido proceso. La orden fue rehacer el procedimiento: dejar sin efecto la consulta realizada, retrotraer la actuación, entregar la documentación completa y estable, explicar las modificaciones hechas a los documentos y garantizar un nuevo periodo de participación para las comunidades.
La decisión judicial no revocó por sí misma la polémica resolución, pero abrió una grieta jurídica que el nuevo Ministerio de Ambiente utilizaría tres días después.
El 13 de agosto, ya instalado el gobierno de Abelardo de la Espriella, el ministro de Ambiente Fabio Arjona Hincapié expidió la Resolución 1037. El documento revocó directamente la 0994 y ordenó adoptar nuevas medidas para continuar con el proceso de protección de La Baja.
Fabio Arjona, nuevo Minambiente, está a cargo del giro radical en las políticas de la cartera. Santurbán y la minería son apenas uno de los puntos de la polémica agenda.
El Ministerio argumentó que debía acatar lo ordenado por el juez y corregir las irregularidades del procedimiento. Sin embargo, la tutela de Rosa Amira y de los habitantes de California no fue el único elemento jurídico utilizado. La nueva administración también mencionó una recusación que estaba pendiente contra la entonces ministra encargada Irene Vélez y que, según el Ministerio, tenía efectos sobre el trámite administrativo.
La disputa, por tanto, sigue abierta. Lo que cambió fue el escenario político y jurídico. Rosa Amira Mendoza, una mujer que pasó por el concejo de California y lleva años participando en las discusiones sobre minería y territorio, sigue en pie de lucha por Santurbán y por la inclusión de los mineros artesanales en las decisiones que los afectan a ellos y a sus familias.
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