Ilva Hoyos fue decana en la universidad del Opus Dai y desde la ONG católica Red Futuro ha dado duras batallas ideológicas que dan luces de cómo será su ministerio
Desde antes de llegar al cargo de procurador general de la Nación, el 15 de enero de 2009, el exmagistrado Alejandro Ordóñez seguía con interés la trayectoria de la abogada Ilva Myriam Hoyos como presidenta de la ONG católica Red Futuro Colombia.
Dos años atrás, en 2007, ella desplegó sus mejores esfuerzos para tumbar la sentencia C-355 de 2006, mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequible la despenalización del aborto en tres causales, incluidas la violación de la madre.
Su argumento sustancial consistía en que la vida, derecho inalienable, comienza desde la concepción, no solo porque así lo pregone la doctrina de su iglesia, sino porque así está consagrado en la Convención Americana. La Corte desestimó sus argumentos sobre supuestos vicios de forma en la ruta seguida en el proceso de revisión constitucional.
Cuando el procurador Ordóñez la reclutó para su equipo y la nombró como delegada para la defensa de la niñez y la familia, la abogada Hoyos siguió librando su cruzada e insistió hasta el último día de su gestión como funcionaria -en 2016-, en sus esfuerzos por borrar del mapa jurídico colombiano la legalización del aborto.
“Contramovilización legal conservadora”, fue el rótulo que recibió su batalla contra sus contrapartes: los promotores de derechos de última generación para la mujer, que defendían su capacidad de libre decisión sobre su cuerpo. El debate tenía otro elemento no menos complejo relacionado con los derechos de la población LGBTIQ+.
Prevalida de su investidura como representante del Ministerio Público acudió personalmente ante despachos judiciales que daban vía libre a la unión marital de personas del mismo sexo y por ese mismo camino abrían las compuertas para que pudieran adoptar.
También mostró un celo especial frente al contenido de textos pedagógicos y relacionados con derechos culturales y religiosos. A finales de 2016, enfiló baterías contra Gina Parody, ministra de Educación de la época, por la producción de cartillas sobre la prevención del matoneo contra niños LGBT. Las llamó pieza de la ideología de género y métodos de adoctrinamiento contra los valores de la familia.
Ya antes había buscado llevar ante los estrados judiciales a Mónica Roa, promotora del derecho al aborto. Y cabeza de la organización Women’s Link.
Promovió la objeción de conciencia para que el personal médico y sanitario no pudiera ser obligado a practicar el aborto y buscó disciplinar -procesalmente hablando- a jueces y notarios que garantizaron el matrimonio gay. También la acusan de haber promovido el cierre de la Clínica de la Mujer en Antioquia.
Nadie discute, sin embargo, su amplia formación jurídica, que la ha habilitado para candidatizarse para llegar a las altas cortes y su producción intelectual, independiente de los sesgos que le atribuyen.
Su nombramiento como ministra de Educación, en reemplazo de la excongresista Viviane Morales, que renunció súbitamente, no sorprende a los simpatizantes del presidente Abelardo De la Espriella. Durante su campaña él prometió la defensa de los valores de la familia, como han sido entendidos tradicionalmente, y por eso no tuvo inconveniente en nombrar como ministro de Relaciones Exteriores a Omar Bula Escobar, quien no oculta su posición homofóbica.
Al margen de las controversias protagonizadas, que llevaron a la Corte a obligarla a rectificar algunas de sus afirmaciones, la nueva ministra tiene una amplia trayectoria en el sector público. Además de su trabajo como procuradora y asistente del despacho del Viceprocurador General, se ha desempeñado como jefe de la Oficina Jurídica de Inravisión.
Ha sido decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana, donde se desempeña como investigadora titular. Ha tenido experiencia editorial como directora de las revistas académicas Dikaion y Pensamiento y Cultura.
Tiene una experiencia reconocida en el campo de los sistemas de evaluación de la educación superior, como par académico del Ministerio de Educación. También ha actuado como par para fiscalizar la viabilidad de proyectos de desarrollo científico de Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Es tratadista de derecho civil y constitucional y ha escrito varios libros sobre derechos humanos, dignidad humana, persona y familia, lo mismo que sobre la figura jurídica de la objeción de conciencia. En la comunidad académica es reconocida como una filósofa del derecho.
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