Nos hallamos enfrentados a la más grande ofensiva imperial contra los principios que dieron origen a la Carta de las Naciones Unidas
Se quiere hacer pasar por natural la campaña por posicionar a la Organización de las Naciones Unidas como un vejestorio inútil, que no sólo está muriendo, sino que desde ya debemos hacer a un lado. Se las creó, nos dicen empleando un doble lenguaje, con la trascendental tarea de evitar que tragedias como las de las guerras mundiales volvieran a repetirse algún día. En esa idea, les correspondía evitar las conflagraciones entre los países.
Y hasta en el interior de los mismos, cuando pudieran significar males mayores. Para cumplir con su tarea, Naciones Unidas debía posicionarse como garante del conjunto de normas jurídicas de carácter internacional que se fueran aprobando en su seno, o como consecuencia de tratados multilaterales entre los distintos países. Se nos dice ahora que ya esa organización no puede cumplir con esa tarea, que no sirve, y por tanto hay que despreciarla.
De manera cínica, se la responsabiliza por no ser capaz de detener la guerra en Ucrania, en donde, según los propagandistas interesados, hay un país perverso y agresor que ha invadido a una pobre nación desvalida y la hace pedazos a bombas. De la misma manera que se la acusa de no hacer nada para poner fin a la grave situación en el Medio Oriente, en donde el solitario estado de Israel debe hacer frente a múltiples enemigos especializados en la acción terrorista.
Igual, la ONU no ha hecho nada para conseguir el retorno de la democracia a Venezuela, ni a Cuba o Nicaragua. Ni para frenar la guerra en Sudán o la República Democrática del Congo. Acusaciones infames todas, que dirigen sus dardos no contra los responsables directos o camuflados de los más graves conflictos en curso, sino contra las víctimas de los mismos, a quienes se presenta como encarnaciones del mal sólo porque defienden sus libertades y soberanía.
Para citar solo un ejemplo, en el año de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por mayoría la resolución 3379, de acuerdo con la cual se vinculaba al sionismo con el apartheid vigente en Suráfrica y otras formas de discriminación racial, en particular contra el pueblo palestino. Tras la caída del muro de Berlín, y por promoción de los Estados Unidos en favor de Israel, la misma Asamblea General revocó tal decisión mediante la resolución 46/86 de 1991.
Quedaba claro que, con la desaparición de la Unión Soviética y el socialismo del este europeo, las normas del derecho internacional comenzaban a ser interpretadas de conformidad con la voluntad de los Estados Unidos como poder hegemónico mundial. A su antojo, el nuevo poder imperial podía decretar qué Estado era democrático y cuál no, así como cuál podía ser tachado de terrorista y por lo tanto objetivo militar de la OTAN, alianza militar occidental en expansión.
Treinta y cinco años después nos hallamos enfrentados a la más grande ofensiva contra los principios que dieron origen a la Carta de las Naciones Unidas. La arrogancia del gobierno de los Estados Unidos lo ha llevado a expresar públicamente su indiferencia ante las normas del derecho internacional, para en su lugar proclamar el poder militar y la fuerza como los únicos valores dignos de consideración por parte de un Estado, en particular si ese Estado es Israel.
Un Estado abiertamente fascista, tomado por los sionistas revisionistas más radicales, empeñado en expandirse como única potencia dominante en la región, capaz de consumar el genocidio más atroz de la época contemporánea, y apoyado incondicionalmente por los Estados Unidos y las principales potencias europeas. Cualquier decisión en contrario por parte de las Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional resulta afrentosa para Israel y sus patrocinadores.
Por eso no es causal que al tiempo que Marcos Rubio y Trump condenan a la CPI y se proponen destruirla, los gobiernos arrodillados de Delcy Rodríguez en Venezuela y Abelardo de La Espriella en Colombia, se apresuren a obrar en la misma dirección. La presencia militar sionista tras los terremotos en Venezuela y Colombia, pone de presente el grado de penetración de esta perversa alianza que ya se impone en Argentina y Chile de manera declarada.
Los ataques contra Naciones Unidas y el derecho internacional tienen origen, no en un afán de justicia o paz por parte de los Estados Unidos e Israel, sino en el hecho de que las normas del derecho internacional y su intento de hacerlas cumplir por parte de las Naciones Unidas, constituyen el principal obstáculo para que la arbitrariedad y el crimen, proclamados y practicados por esa alianza nefasta, puedan expandirse sin limitación alguna.
La situación mundial recuerda los años 30 del siglo pasado, cuando el nacionalsocialismo alemán, el militarismo japonés y el fascismo italiano avanzaban orgullosos hacia la generación de la más grave hecatombe de la historia. No podemos permitir que se repita esa horrorosa experiencia.
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