La lupa esta puesta en entidades críticas como la Nueva Eps que tuvo 4 interventores en el gobierno Petro, un sector que la Ministra Ana María Vesga recibe en agonía
Mientras el presidente Abelardo De la Espriella entregaba en el bunker de la Fiscalía el primer tomo del Libro de la Verdad, en cuyas páginas devela el saqueo al que estuvieron sometidas 22 entidades del Estado durante el gobierno que lo antecedió, Alexandra Cárdenas, contralora jefa de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Contra la Corrupción informaba al país sobre un millonario fallo de responsabilidad fiscal contra operadores del sistema de salud.
Se trataba de un castigo por $226.718 millones impuesto por la Contraloría General contra seis directivos de la ya liquidada Medimás EPS SAS cuya liquidación fue ordenada en marzo del 2022 por la Superintendencia de salud en el gobierno de Iván Duque y de la firma Estudios e Inversiones Médicas (Esimed S.A).
Anticipos sin legalizar por un valor indexado superior a los $200.000 millones, pagos de servicios que superaban de lejos los valores contratados, abusos con los precios de los medicamentos y desembolsos que desbordaban los valores reales facturados hacían parte de una serie de conductas anómalas detectadas por los investigadores.
En aquellos minutos algunos de los asistentes a la presentación del libro presidencial mostraron cierta desazón porque sus páginas no incluían mayor información sobre un tema vital para los colombianos: la crisis de la salud. Una crisis que se agravó cuando el gobierno de Gustavo Petro ordenó Intervenir las más importantes EPS del país, encabezada por la Nueva EPS.
El propio presidente de la República se encargó de aclarar que este es por lo pronto el primer volumen del libro, pues habrá nuevas denuncias en la medida en que la voluminosa información recibida se irá decantando y depurando.
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De hecho, las autoridades del sector, la nueva ministra del ramo y la superintendente de salud entrante, ya tienen en su poder las conclusiones de indagaciones preliminares y de ejercicios auditores que presentan de cuerpo entero y con cifras la grave situación de las EPS.
Las2Orillas conoció apartes sustanciales del que por ahora es un borrador en revisión sometido a pruebas de rigurosidad y contraste con actores del sistema y afectados.
Uno de los casos más críticos es el de la Nueva EPS, la más grande del país en términos de activos y afiliados. Su patrimonio pasó de 182 mil millones de pesos positivos al cierre de 2018 a un déficit patrimonial de 7,50 billones de pesos al primer semestre de 2025, con lo cual su pérdida acumulada superó los 7,68 billones de pesos en apenas seis años y medio.
¿Cómo prosperó una situación así? Las informaciones recaudadas en distintas fuentes Indican que los procesos de intervención cabalgaron a lomo de distintos intereses.
En ese caso concreto, el gobierno Petro dispuso la intervención el 3 de abril de 2024 y durante los dos años siguientes designó a cinco agentes interventores de la Nueva Eps: Julio Alberto Rincón, Bernardo Camacho Rodríguez, Gloria Polanía, Luis Óscar Galves Mateus y Jorge Iván Ospina Gómez.
En medio de un ambiente de inestabilidad, la entidad intervenida prescindió de auditores independientes y siguió un libreto trazado desde la Casa de Nariño. De acuerdo con documentos que le fueron remitidos a expertos que hicieron parte del “empalme anticorrupción” Petro siguió la estrategia aconsejada por un consultor venezolano fallecido recientemente y habría tomado también el consejo del presidente de Brasil, Luis Inacio Lula, y dejó la auditoría en manos de Clifton Larson Allen Brasil. “De ahí para acá prevaleció la consigna del ocultamiento”, anotó al margen de los oficios enviados uno de los remitentes.
El exalcalde de Cali de abril apostándole al eventual triunfo de Iván Cepeda que le daría continuidad en el cargo. Las cosas no le resultaron y ya fue reemplazado por el barranquillero Roberto Solano
Los cuestionamientos públicos y privados no cesaron. El estigma persiguió hasta el último de los interventores, el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina. Fue mal visto por operadores del sistema que, recién posesionado en abril de 2026, se hubiera traído a trabajar a Brian Hurtado y a Jimmy Dranguet, quienes hicieron parte de su gabinete de gobierno y están vinculados a varios procesos judiciales, disciplinarios y fiscales.
A tono con las prácticas del gobierno saliente, Ospina le dio a Dranguet, el primero de agosto, un contrato por $315 millones y le pidió que lo acompañara en la fase del empalme.
La lupa en el caos del sector salud será tema de un nuevo tomo
Para producir un nuevo tomo del Libro de la Verdad, la administración De La Espriella verifica, contrasta y pasa por el cedazo de la rigurosidad documentos que señalan que las pérdidas de la más grande EPS del país alcanzaron en 2024 la cifra de 3,24 billones de pesos, magnitud que representa la mayor pérdida registrada en una sola vigencia.
La posición de efectivo de la entidad alcanzó su punto máximo en 2021 con 2,10 billones de pesos, para descender a 1,34 billones en 2022, colapsar a apenas 43 mil millones en 2023, y registrar un saldo negativo de 2,59 billones en 2024. Esta trayectoria evidencia que el deterioro de la liquidez no fue gradual sino explosivo, particularmente durante las vigencias 2023 y 2024, período en el cual se consumió completamente la capacidad de pago de la entidad.
Los costos de prestación de servicios de salud, que constituyen el rubro más significativo del estado de resultados, presentan un comportamiento que merece atención particular. Durante 2023 se registró un incremento del 72 por ciento respecto a la vigencia anterior, alcanzando 24,4 billones de pesos frente a 14,2 billones en 2022. Este incremento resulta desproporcionado considerando que los ingresos crecieron solamente un 17 por ciento en el mismo período. El análisis sugiere la posibilidad de una duplicidad en el reconocimiento de costos estimada en aproximadamente 5,5 billones de pesos durante esa vigencia.
Una sola cuenta de anticipos (recursos entregados previamente a la prestación del servicio como mecanismo de financiación al prestador) y avances evidenció signos críticos. Su saldo se multiplicó por más de veintidós veces durante el período, al pasar de 693 mil millones de pesos en 2019 a 15,4 billones de pesos en el primer semestre de 2025.
Uno de los signos más graves de la crisis, que el gobierno pedirá investigar, es la concentración de anticipos en grupos específicos de prestadores resulta igualmente relevante. Cuatro conglomerados empresariales concentran saldos por 1,91 billones de pesos al primer semestre de 2025, mientras que catorce terceros individuales acumulan 1,096 billones adicionales.
Se identificó un grupo de prestadores aparentemente vinculados a una estructura de inversión con componente internacional, cuya característica distintiva es la concentración de la propiedad accionaria en fondos de capital privado con presencia en múltiples jurisdicciones.
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