La reciente entrevista del brigadier general en retiro Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, no es un simple lamento de cuartel; es la radiografía exacta del desmantelamiento institucional de nuestra Fuerza Pública en el altar de una mal llamada «Paz Total»; esta, lejos, muy lejos de pacificar, somete el Estado de Derecho al capricho de los criminales.
Los hechos nos remontan al 23 de julio de 2024. Aquel día, en un puesto de control en las carreteras de Antioquia, el decoro militar se topó de frente con la desfachatez de una paz populista. Una caravana de siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) avanzaba con la prepotencia de quien se sabe intocable. Al ordenar el pare por un informante que llamó al general Hernández, los soldados no encontraron a dignatarios desvalidos, sino a la cúpula del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Allí viajaba alias Calarcá, cobijado por los beneficios recibidos del mismo Gobierno, pero camuflados con él iban sujetos con órdenes de captura plenamente vigentes, como alias Leofiru y Hermes Boyaco.
En un país definido por su identidad marcial republicana que aún tiene una espina dorsal, el cumplimiento del deber se debería condecorar. En la Colombia del pacto de La Picota, cumplir la ley se paga en cambio con el destierro profesional.
El general Hernández relata cómo el operativo desató un torbellino de presiones y llamadas desde las más altas esferas para «facilitar el tránsito» de los delincuentes.
A pesar del amago de fuga y de la altanería de los disidentes —quienes ultrajaron e irrespetaron a la tropa—, el oficial se mantuvo firme en la Constitución.
El inventario de lo incautado en el Batallón Ospina de Bello tras el traslado de la caravana fue obsceno: computadores, armas sin salvoconducto, lingotes de oro, dinero en efectivo que superaba cualquier tope legal y, lo más doloroso, un menor de edad reclutado forzosamente.
La respuesta del Gobierno a esta demostración de soberanía legítima fue un silencio sepulcral, seguido de una asfixia administrativa digna de los regímenes autocráticos: El general Hernández sufrió cuatro traslados en un solo año de un despropósito organizativo de evidentes consecuencias, capaz de frenar cualquier continuidad ese proceso y en otros afines de los que depende la seguridad regional, para finalmente ser llamado a calificar servicios el 16 de marzo de 2026.
Altos mandos le confesaron lo que ya era un secreto a voces: «el Gobierno está incómodo». Ver entrevista con el general Hernández:
Al palacio presidencial le incomodan los generales que leen la Constitución y no un libreto de sumisión y en la entrevista se señalan vínculos de Calarcá con otras guerrillas, incluido el ELN.
Parece que la lucha no será nunca por ideales, sino por quién tiene el control de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal.
Ahora, esta defenestración del general no es un caso aislado; forma parte de una alarmante purga institucional que ha descabezado a más de 70 generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional entre 2022 y 2026 y se parece mucho a lo que acontecía con el proceso de Papa Pitufo y los fiscales del pasado.
¿Qué Nación en sano juicio prescinde de su mayor capital de experiencia y veteranía operativa, mientras los grupos criminales expanden sus dominios de manera exponencial?
El propio general Hernández denuncia la existencia de una asimetría en el teatro de operaciones: mientras se ordena combatir con contundencia a las facciones de alias Iván Mordisco, se impone una pasividad cómplice frente a las estructuras de Calarcá, permitiéndoles fortalecer sus economías ilícitas, amedrentar poblaciones y carnetizar ciudadanos en departamentos como el Caquetá. (Fuente: infobae.com).
El escándalo adquiere ribetes de novela de espionaje con la aparición de los «archivos secretos de Calarcá
El escándalo adquiere ribetes de novela de espionaje con la aparición de los «archivos secretos de Calarcá», revelados a la opinión pública en noviembre de 2025 por Caracol.
Los análisis forenses validados por la Fiscalía General de la Nación confirman nexos espurios y comunicaciones que comprometen a funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como Wilmer Mejía. (Fuente: lafm.com.co).
La inteligencia del Estado, en lugar de perseguir al crimen, parece dedicada a monitorear e informar sobre las amenazas contra los oficiales que osan incomodar a los gestores de paz del Ejecutivo.
Y a esto se suma la constante e indebida intromisión de oficinas del Legislativo, como la de la senadora Isabel Zuleta, cuyos asesores mantenían líneas directas con los mandos militares para exigir selectivamente protecciones cuando sus alfiles ideológicos se veían cercados. (Fuente: lafm.com.co).
El panorama de la seguridad nacional es desolador y las cifras lo gritan con urgencia.
El reclutamiento y el uso de niños y niñas por grupos armados en Colombia se ha cuadruplicado en un periodo de cinco años, de acuerdo con los alarmantes balances de agencias internacionales. (Fuente: unicef.org).
Bajo el amparo de la impunidad territorial, la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas evidencian que un menor de edad es arrancado de su infancia aproximadamente cada 20 horas en el territorio nacional, siendo las disidencias de las FARC responsables de casi la mitad de estos casos registrados. (Fuente: un.org).
Cuando la política se mete a los cuarteles y los ascensos dependen de la alineación ideológica y no del mérito, la República pierde su seguridad, su imparcialidad, su meritocracia y su cariz de justicia. No puedo sentir menos que aversión hacia esta línea del Gobierno actual.
La caída del general Hernández es el triunfo transitorio del contubernio criminal y la confirmación de que en Colombia la ley se ha convertido en un obstáculo para el gobernante de turno. Hoy nos queda la dignidad de los pocos que prefieren colgar el uniforme antes que arrodillar sus principios.
Al final, el operativo de la UNP no fue en vano: le devolvió a los colombianos la certeza de que el honor militar aún respira, a pesar de quienes intentan asfixiarlo desde las alturas del poder.
Para complementar la lectura sobre este preocupante fenómeno de orden público, puede ver el informe periodístico de Caracol y las cifras de UNICEF, lo cual detalla con análisis de datos de la Defensoría del Pueblo y la ONU el impacto humanitario del reclutamiento forzado mencionado en la columna.
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Del mismo autor: Colombia va hacia un totalitarismo de derecha con De la Espriella
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