Mediante tutela, la veeduría Asoaprender exige al SENA destrabar los contratos de 1.200 emprendedores y aclarar el destino de los rendimientos financieros
Texto escrito por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares
Mediante una acción de Tutela, interpuesta ante el Juzgado 36 Administrativo Oral de Medellín, ASOAPRENDER, busca que el SENA agilice la firma de contratos y las actas de inicio, así como la actualización de los recursos por el tiempo transcurrido, se garanticen las condiciones de condonación y se explique el manejo que le dieron a los dineros mientras los proyectos permanecieron sin ejecución.
Así lo explicó la accionante, Clara Inés Tobón Osorio, en su condición de representante de ASOAPRENDER y como veedora ciudadana, al considerar que el SENA, a través del Fondo Emprender, le vulneró su derecho al debido proceso de unos mil 200 emprendimientos que resultaron beneficiados de las convocatorias 131 a 148 del 2025, debido a los retrasos en la contratación y la posterior puesta en marcha de esos proyectos.
En consecuencia, el juzgado le ordenó al SENA – Fondo Emprender, que notificara a los 1.200 emprendedores vinculados, enviándoles el auto admisorio, la demanda y sus anexos.
La accionante de la tutela afirmó que uno de los principales argumentos para adelantar el trámite, es que el SENA mantuvo a los beneficiarios en una situación de silencio y parálisis durante más de seis meses y que solo después de presentar la tutela empezó a enviar enlaces para la firma de contratos.
Agregó que esa comunicación no significa que el beneficiario haya perdido su apoyo, que tenga un incumplimiento o que deba realizar algún trámite obligatorio. Se trata, dijo, de una notificación judicial para informar que existe un proceso en el cual fue vinculado como posible interesado.
Sostiene que el simple envío del contrato no soluciona el problema porque sin Acta de Inicio no pueden ejecutar los recursos, por lo que considera que la vulneración continúa. Argumenta que los presupuestos fueron calculados con el salario mínimo de 2025, pero la ejecución se extenderá hasta 2026 y 2027, por lo que solicita que los recursos sean actualizados para evitar que los proyectos queden desfinanciados.
De igual manera, la señora Tobón Osorio pide que se investigue qué ha ocurrido con los rendimientos financieros generados por una bolsa aproximada de $274.000 millones de pesos que, según afirma, permanecen en una fiducia desde el mes de diciembre de 2025 mientras los proyectos no inician. Así mismo expuso que, si la ejecución se retrasa hasta un cambio de gobierno, podrían modificarse los criterios para la condonación de los recursos, afectando a los emprendedores.
Según los memoriales presentados, aunque el SENA ha comenzado a enviar enlaces para la firma de contratos de manera escalonada tras la presión de la tutela, la veeduría advierte que el simple envío podría ser una formalidad insuficiente para subsanar el tiempo perdido si no se activan de inmediato las respectivas Actas de Inicio.
Los afectados y la veeduría ciudadana señalan ante el despacho judicial que este escenario refleja un presunto patrón de dilación institucional que, en algunos casos documentados de vigencias anteriores, habría superado los dos años de espera entre la postulación y la ejecución real.
Debido al alto número de beneficiarios, el Fondo Emprender indicó que las notificaciones se enviarán de manera escalonada y en diferentes grupos, por lo que algunos emprendedores las recibirán antes que otros. Se cuestiona técnicamente por qué el personal de interventoría y supervisión externa presuntamente percibe honorarios regulares desde enero de 2026, mientras que los proyectos de los ciudadanos carecen de vía libre para operar.
Finalmente se pide revisar la viabilidad de que el SENA promueva nuevos procesos para la vigencia actual cuando aún no se ha consolidado la atención a los ganadores del año anterior. Además del impacto económico directo —donde los presupuestos de 2025 presuntamente quedaron desactualizados frente a la inflación y el salario mínimo actual—, la tutela exterioriza una profunda preocupación por la seguridad jurídica de los emprendimientos frente a la transición institucional.
Los afectados advierten sobre el riesgo de quedar en un estado de indefensión si los proyectos no se ejecutan oportunamente. Existe el temor fundamentado de que una nueva administración general modifique o repare de manera discrecional los criterios de condonación vigentes, lo que podría transformar el beneficio del capital semilla en una eventual obligación o deuda coactiva para los emprendedores, dijo la accionante de la tutela.
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