La medida regirá durante 60 días y permite el despliegue de militares en las calles. El Gobierno argumenta que existe una reconfiguración de las estructuras criminales y un incremento sostenido de homicidios.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país, así como en varios municipios específicos, debido al aumento de la violencia atribuida a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La medida tendrá una vigencia de 60 días y faculta al Gobierno para desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de las operaciones de seguridad interna, una estrategia que el mandatario ha utilizado de forma recurrente desde su llegada al poder en noviembre de 2023.
Según el decreto presidencial, la decisión responde al deterioro de las condiciones de orden público en varias regiones del país y a la necesidad de contener el accionar de grupos armados y estructuras criminales.
“La violencia criminal en el territorio nacional se presenta de forma dinámica y se reconfigura constantemente”, señala el documento oficial.
Más de 800 homicidios en seis semanas
De acuerdo con cifras citadas por el Gobierno ecuatoriano, en las provincias incluidas en el estado de excepción se registraron 879 homicidios entre el 1 de mayo y el 12 de junio, una situación que motivó la adopción de medidas extraordinarias.
Las autoridades sostienen que informes de inteligencia evidencian una “reconfiguración criminal” en las provincias costeras de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, consideradas corredores estratégicos para el narcotráfico.
Asimismo, el Ejecutivo alertó sobre escenarios de alta violencia en la provincia andina de Azuay, un incremento sostenido de delitos en Santa Elena y Esmeraldas, y la aparición de nuevas modalidades criminales en Pichincha, donde se encuentra la capital, Quito.
En la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, el Gobierno también reportó la presencia de “estructuras armadas de origen colombiano”.
Provincias y municipios cobijados por la medida
El estado de excepción abarca las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Azuay, Pichincha y Sucumbíos.
La medida también incluye a los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar), donde las autoridades han identificado situaciones de violencia relacionadas con organizaciones criminales.
Suspensión de derechos y despliegue militar
Además del despliegue de tropas en las zonas afectadas, el decreto contempla la suspensión temporal de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, facultades que permiten a las autoridades realizar controles y operaciones especiales en el marco del estado de excepción.
La decisión se produce apenas dos semanas después de que concluyera una medida similar que estuvo vigente entre abril y junio y que incluyó restricciones de movilidad nocturna en ciudades como Quito y Guayaquil.
Desde el inicio de su mandato, Noboa ha impulsado una política de seguridad basada en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno para enfrentar a organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. Sin embargo, estas medidas también han sido objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que han advertido sobre posibles excesos en el uso de la fuerza.
