Dos de las fiscales más poderosas de EE. UU. pusieron la lupa sobre la FIFA por las boletas del Mundial 2026
Aunque en muchos lugares del mundo ya se habla de la llegada del Mundial 2026, en Estados Unidos el ambiente alrededor del torneo también está marcado por la polémica. Dos figuras de peso dentro del sistema judicial estadounidense pusieron la lupa sobre la FIFA debido a los elevados precios de las entradas para los partidos de la Copa del Mundo.
Se trata de Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey, y Letitia James, fiscal general de Nueva York, quienes se unieron al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York para investigar diferentes aspectos relacionados con la comercialización de las boletas del torneo.
Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey.
Jennifer Davenport asumió el cargo el pasado 24 de febrero, tras ser confirmada por el Senado de Nueva Jersey en una votación unánime. La funcionaria cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, donde se desempeñó como primera fiscal general adjunta y asesora principal de aplicación de la ley en el estado. Además, fue jefa de la Unidad General de Delitos y asesora de la División de Justicia Criminal de Nueva Jersey. Ahora lidera una de las investigaciones que más atención ha despertado de cara al Mundial.
A su lado está Letitia James, nacida y criada en Brooklyn, quien ocupa el cargo de fiscal general de Nueva York desde 2019. Durante su gestión ha impulsado acciones enfocadas en la protección de los consumidores y en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a prácticas empresariales que considera abusivas. Según cifras divulgadas por su despacho, ha logrado recuperar miles de millones de dólares provenientes de sanciones y acuerdos con compañías e individuos señalados de afectar a los consumidores.
Ambas funcionarias buscan determinar si los aficionados han sido afectados por prácticas engañosas relacionadas con la venta de entradas. Entre los puntos que están siendo revisados figuran los elevados precios de las boletas, los cambios en la ubicación de los asientos y las modificaciones en las categorías de algunas localidades dentro de los estadios.
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Además, las autoridades quieren establecer por qué las entradas para esta edición del Mundial han alcanzado valores que, en algunos casos, superan ampliamente los registrados en torneos anteriores. Parte de la investigación estaría enfocada en las ventas correspondientes al MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que albergará ocho partidos oficiales de la Copa del Mundo, incluida la gran final.
MetLife Stadium
La respuesta de la FIFA ante la investigación adelantada en Estados Unidos
La FIFA, encabezada por su presidente, Gianni Infantino, ha defendido su modelo de comercialización. Según ha explicado el dirigente, los precios se ajustan a las dinámicas habituales del mercado estadounidense, donde la reventa de entradas es una práctica legal en muchos estados.
Infantino, presidente de la FIFA
Infantino ha argumentado que, si las boletas fueran comercializadas inicialmente a precios demasiado bajos, terminarían siendo revendidas por terceros a valores mucho más elevados, afectando igualmente a los aficionados.
Por su parte, Jennifer Davenport ha señalado que eventos de esta magnitud no deberían convertirse en una oportunidad para que consumidores y visitantes sean sometidos a prácticas que puedan resultar abusivas o engañosas.
La controversia también se produce después de que Rob Bonta, fiscal general de California, enviara una comunicación a la FIFA expresando su preocupación por posibles irregularidades en la venta de entradas para el torneo.
Incluso, el organismo rector del fútbol mundial ha recibido cuestionamientos de autoridades locales en Nueva Jersey por asuntos relacionados con la logística y el transporte durante la Copa del Mundo, evidenciando algunas diferencias entre los organizadores del evento y distintos sectores de la administración pública estadounidense.
Una situación que recuerda, salvando las enormes distancias, el debate que se vivió en Colombia a comienzos de la década de 1980, cuando el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, decidió renunciar a la organización del Mundial de 1986 argumentando que el país tenía prioridades más urgentes que atender.
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