Una fuerte controversia institucional se desató en las últimas horas tras el vehemente rechazo de la empresa Atenas Seguridad Privada Ltda. a las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro.
Durante una intervención pública en la ciudad de Barranquilla, el jefe de Estado afirmó que la sede de dicha compañía en la capital del Atlántico contaba con «centenares de guardias» que en realidad eran «miembros de las mismas bandas criminales uniformados y con pistolas entregadas por el Gobierno».
En el documento de réplica, titulado explícitamente «PRESIDENTE PETRO MIENTE: LOS TRABAJADORES DE ATENAS NO SON CRIMINALES», la organización privada calificó las afirmaciones del mandatario como irresponsables y carentes de cualquier realidad jurídica o probatoria.
Sin sustento por parte de las autoridades
La compañía, vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), enfatizó que cumple con todos los requisitos establecidos por la ley colombiana para ejercer sus funciones y que se encuentra bajo permanente inspección y control. De igual forma, aclararon que hasta la fecha el ente regulador no ha demostrado ninguna ilegalidad en el armamento de la empresa ni ha probado nexo alguno de sus operarios con estructuras del crimen organizado.
Las directivas advirtieron que los señalamientos de Petro generan una grave estigmatización contra cientos de trabajadores honestos de la región Caribe —incluyendo padres de familia y madres cabeza de hogar—, poniendo en riesgo inminente su integridad física y su buen nombre.
Nexos políticos y presunta cortina de humo
El documento de la firma de seguridad, salpicó a sectores políticos del Congreso de la República.
Según la empresa, la narrativa impulsada por el Gobierno Nacional provendría de información promovida ante la Superintendencia por sectores cercanos al senador Antonio Correa. El congresista fue mencionado recientemente en declaraciones entregadas a la revista Semana por el empresario Raúl Montes.
Para Atenas Seguridad Privada Ltda., estos señalamientos desde el Ejecutivo pretenden «construir una narrativa basada en señalamientos políticos» con el objetivo de desviar la atención de la opinión pública frente a las graves denuncias conocidas recientemente en el país.
La contradicción electoral del Pacto Histórico
Como elemento central de la controversia, la empresa expuso una abierta contradicción política por parte del mandatario. El comunicado revela que, en el año 2022, miles de los mismos trabajadores que hoy son catalogados como presuntos delincuentes por el Presidente respaldaron activamente su proyecto político a la Presidencia.
De acuerdo con la compañía, dicho apoyo se dio atendiendo directamente a los llamados de movilización y articulación política realizados en la región por dirigentes del propio partido de Gobierno, el Pacto Histórico, entre los que destaca el senador Alex Xavier Flórez Hernández. La firma concluyó exigiendo respeto por la dignidad de sus empleados y solicitando que no se utilicen escenarios públicos ni discursos electorales para criminalizar a la clase trabajadora sin fundamentos legales.
