La Fiscalía General de la Nación continúa avanzando en la investigación del denominado “cartel de las regalías”, un entramado de presunta corrupción que habría permitido el desvío de millonarios recursos públicos a través de contratos financiados con el Sistema General de Regalías.
En medio de las capturas y judicializaciones contra funcionarios, contratistas y operadores vinculados al caso, el ente acusador anunció que compulsará copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y a la ex-viceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño, actual integrante de la junta directiva de Ecopetrol.
De acuerdo con la Fiscalía, la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) habría sido utilizada como eje de una estructura para obtener contratos financiados con regalías y direccionar posteriormente los recursos públicos.
Según el ente investigador, existió una organización que logró posicionar a Aremca como ejecutora de proyectos multimillonarios, pese a que, presuntamente, no contaba con la capacidad técnica requerida.
La resolución que pone a Irene Vélez bajo la lupa
La Fiscalía centra parte de sus cuestionamientos en la Resolución 1339 de 2025, firmada por la ministra Irene Vélez el 19 de septiembre de ese año.
Mediante ese acto administrativo, el Ministerio de Ambiente designó a Aremca como ejecutora de un proyecto financiado con regalías por más de $24.240 millones, destinado a procesos de restauración ambiental en municipios del Cesar como Valledupar, San Diego, El Copey, Agustín Codazzi y Chiriguaná.
Sin embargo, para la Fiscalía, la designación habría sido irregular desde su origen.
“Esta Fiscalía delegada efectuará la respectiva compulsa de copias a la ministra, pues se entiende que todo lo que viene en adelante es ilícito si la causa de algo es un ilícito”, afirmó el fiscal del caso, según revelaciones conocidas por medios nacionales.
El ente acusador cuestionó la idoneidad de Aremca para ejecutar proyectos de restauración ecológica de gran escala y señaló que la asociación no tendría experiencia ni especialización suficiente en temas ambientales.
Para los investigadores, resulta especialmente grave que una entidad sin capacidad técnica comprobada hubiera terminado administrando recursos multimillonarios destinados a proyectos estratégicos de restauración ambiental.
Capturas y posibles acuerdos con la Fiscalía
En desarrollo de las investigaciones, también se conoció que Gustavo Bolaños Pastrana, señalado como uno de los presuntos articuladores de la red, inició acercamientos con la Fiscalía para buscar un eventual acuerdo de colaboración.
Bolaños Pastrana fue capturado el pasado 20 de abril junto a otros supuestos integrantes del entramado, entre ellos Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáenz Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.
De acuerdo con la investigación, dentro de la organización habría representantes legales, coordinadores financieros y operadores encargados de direccionar contratos y mover recursos públicos.
Durante las audiencias de imputación, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.
Más de 100 contratos bajo investigación
La directora especializada contra la corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, explicó que la estructura habría operado logrando que Aremca fuera designada como ejecutora de proyectos financiados con regalías por alcaldías y gobernaciones.
“Presuntamente direccionaron 101 contratos por un valor superior a 496.000 millones de pesos”, señaló la funcionaria durante las diligencias judiciales.
Los contratos investigados estarían relacionados con obras civiles, interventorías y proyectos ambientales asociados a saneamiento básico, agricultura y alimentación.
La Fiscalía identificó posibles irregularidades en proyectos ejecutados en departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.
Además, las pesquisas detectaron presuntas irregularidades financieras adicionales, entre ellas la apropiación indebida de más de $3.200 millones en proyectos en Arauca y la omisión en la retención de cerca de $14.000 millones correspondientes a la contribución especial de obra pública.
