Colombia necesita un nuevo horizonte democrático, ecosocial y territorial para reorganizar la vida colectiva.
Hay momentos en la historia de un país en los que las elecciones dejan de ser un simple trámite de alternancia y se convierten en una oportunidad para decidir el sentido de la vida colectiva. Colombia se encuentra nuevamente ante uno de esos momentos. Lo que está en juego es si el país profundiza un camino de transformación democrática o si retorna a las lógicas que durante décadas reprodujeron desigualdad, violencia y deterioro ambiental.
El debate político colombiano suele concentrarse en candidaturas, encuestas y controversias coyunturales. Sin embargo, por debajo de esas disputas se encuentran cuestiones más profundas: ¿qué idea de país queremos construir?, ¿qué relación deseamos establecer con nuestros territorios?, ¿cómo potenciar nuestra diversidad sociocultural y la red vital que sostiene nuestra existencia?
Durante gran parte del siglo XX, Colombia organizó su proyecto nacional a partir de un imaginario modernizador que identificó el progreso con el crecimiento económico, la expansión de la infraestructura y la explotación intensiva de los recursos naturales. Bajo esa lógica, la naturaleza ha sido tratada como fuente de rentas, los territorios como plataformas de extracción y la política como administración técnica de un modelo orientado prioritariamente por el mercado.
Ese horizonte permitió ciertos avances, pero también consolidó profundas desigualdades, alimentó conflictos territoriales y debilitó las bases ecológicas que hacen posible la vida. La deforestación, la contaminación de las aguas, la crisis climática, la precarización social y la persistencia de múltiples violencias muestran que ese paradigma ha llegado a sus límites; por ello, la discusión programática del país necesita apoyarse en un nuevo horizonte de sentido.
La discusión programática del país necesita apoyarse en un nuevo horizonte de sentido
Para pensar ese posible horizonte, es necesario recordar que hoy sabemos que no existe justicia social posible en territorios devastados ni sostenibilidad ecológica viable en sociedades profundamente desiguales. Las circunstancias actuales nos obligan a superar la visión que sitúa al ser humano como dueño absoluto de la naturaleza y nos recuerda que somos parte de una trama compleja de interdependencias con el agua, los suelos, los bosques, los animales y todos los sistemas vivos que sostienen nuestra existencia.
Este enfoque no niega la centralidad de la política; por el contrario, la redefine. Gobernar deja de significar únicamente administrar instituciones, y pasa a ser el ejercicio de cuidar las condiciones que hacen posible la vida digna; la democracia transforma su sentido y pasa a entenderse como la capacidad colectiva de deliberar sobre la manera de habitar el territorio, mejorando las decisiones sobre la distribución de la riqueza, la protección de los bienes comunes y el futuro compartido.
Colombia posee condiciones excepcionales para encarnar este proyecto; su diversidad biológica y cultural constituye una riqueza estratégica para imaginar una sociedad basada en el cuidado, la solidaridad y la justicia territorial. Los saberes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y populares urbanas ofrecen claves fundamentales para construir una relación más equilibrada con la tierra y entre nosotros mismos.
Desde esta aspiración, un proyecto de país debe comprometerse mucho más con la defensa del agua y de los ecosistemas estratégicos, la transición energética justa, el fortalecimiento de las economías territoriales, la consolidación de sistemas públicos de cuidado, la descentralización efectiva, la participación social, la implementación de la paz territorial y una apuesta decidida por la educación, la ciencia y la cultura.
Pero el núcleo de esta aspiración no reside en un listado de políticas. Lo esencial es el cambio de paradigma que las articula. Se trata de pasar de una lógica de explotación a una lógica de cuidado; del territorio entendido como mercancía al territorio concebido como comunidad de vida; de una democracia limitada a la representación formal a una democracia participativa; del crecimiento ilimitado a una ética de responsabilidad y solidaridad intergeneracional.
Si la crisis actual es, en el fondo, una crisis de perspectiva compartida, la salida dependerá de nuestra capacidad para crear otro horizonte de sentido. Un horrizonte en el que la democracia sea más profunda, la economía esté subordinada al cuidado de la vida y el país se piense no como una máquina de crecimiento, sino como una comunidad plural que aprende a habitar la tierra con justicia, prudencia y responsabilidad compartida.
Tal vez la principal tarea de nuestro tiempo consista en reactivar la capacidad de acordar futuros en la sociedad colombiana. Recuperar la imaginación política para contruir un país capaz de reconciliarse con sus territorios, con su diversidad y con la red de vida que lo sostiene. Es ese tipo de cuestiones lo que está en juego en las elecciones: estamos decidiendo qué relación queremos construir con la vida, el territorio y el futuro.
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