La justicia ronda por varios casos de presunta corrupción a la cabeza del Partido Maís y acaba de ser llamada a indagatoria en la Corte Suprema de justicia
La magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia quien lleva un litigio de varios años con el ministro del Interior Armando Benedetti por su presunta corrupción en Fonade está al frente de la investigación contra la senadora Martha Peralta del Pacto Histórico y cercana al presidente Gustavo Petro.
Peralta quien se volvió una aliada clave del manadatario nacional como eje de la coalición de gobierno en el Senado y quien fue reelegida por el partido oficilista y quien ha sido salpicada en varios de los escándalos de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD) en La Guajira, lo que la ha llevado a estar rondada por la justicia.
Tiene una larga historia en el partido Maís, que ha avalado candidatos de distintas corrientes y se vinculó a la campaña presidencial de Gustavo Petro, con cuyo triunfo logró apoyo a proyectos que lidera en La Guajira. Por cuenta de uno de éstos recursos y por el presunto desvío de más de 20 mil millones de las ollas comunitarias que habrían terminado en campañas políticas tiene a la justicia encima.
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El caso por el que fue llamada a indagatoria es por un contrato por cerca de $2.170 millones firmado en octubre de 2023 para el alquiler de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha.
Según la Fiscalía y los testimonios recopilados, la senadora habría solicitado que ese contrato fuera entregado a empresarios cercanos políticamente. Se le señala, de manera preliminar, de haber cometido los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
La senadora ha intentado no darse por aludida con las investigaciones que la rondan y fueron escandalosas sus desafiantes fotos de vacaciones en un hotel en París, cuyo lujo incluso justificó el Presidente Petro por haber estado de vacaciones.
Martha Peralta con su esposo, el médico Manuel Julián Molina Pérez.
Los cuestionamientos que persiguen a la senadora
Por lo menos $20.400 millones de pesos destinados para ollas comunitarias de Albania, La Guajira, se habrían desviado en este municipio como favor político a la alcaldesa de ese municipio, aliada a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. Así lo denunció Caracol Radio en su momento.
Nera Robles, la actual alcaldesa de Albania se postuló con el aval del Maís, el partido que lidera Peralta. La senadora apoyó abiertamente esa candidatura.
En total, de las 1.114 ollas para todo el país, 470 fueron para La Guajira, con un costo de más de $61.000 millones de pesos. De esa plata, $20.400 millones se destinaron para Albania, municipio que se quedó con el contrato más costoso.
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Según reveló Caracol, el contratista de las ollas comunitarias fue el exrepresentante Jorge Martelo, de Cambio Radical, quien además es empresario y ganadero cercano al grupo político de Albania que lidera Robles.
Los contratistas de las ollas fueron seleccionados por Luis Gómez, el gerente para La Guajira nombrado por el gobierno Petro, quien renunció en noviembre del 2023.
Los ojos en Peralta
Desde finales de 2025 las autoridades han comenzado a mirar los movimientos de MC&I Américas SAS, una Sociedad por Acciones Simplificada, fundada el 9 de enero de 2020 y con sede en Barranquilla, especializa en el diseño, construcción, supervisión y gerencia de proyectos de energía solar para zonas rurales no interconectadas, así como en la fabricación de componentes eléctricos. Su representante legal es Carlos Enrique Herazo de la Barrera, concuñado de Peralta.
La empresa habría registrado un notable incremento de ingresos gracias a diversos contratos públicos. Para 2024 habría recibido al menos un contrato por más de $800 millones para construir paneles solares con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral – AlDesarrollo. También hace parte de un consorcio que obtuvo un contrato cuestionado con la Procuraduría por $9.000 millones, y otra alianza con la Cancillería por $10.000 millones.
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La empresa habría facturado entre $5.000 y $10.000 millones en 2023, con un patrimonio neto cercano a los $1.800 millones y una plantilla de unas 45 personas.
Este historial pone en evidencia los rastros que ha venido dejando Peralta desde su llegada al Congreso y que la llevarán a rendir cuentas ante la Corte Suprema de Justicia.
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