Las autoridades capturaron a una psicóloga contratista de la Alcaldía de Bello, señalada de integrar una presunta red dedicada a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que operaba en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.
La detención se produjo en medio de un operativo conjunto liderado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de organismos internacionales como Homeland Security Investigations (HSI), Migración Colombia y la Unidad Investigativa contra el Crimen Transnacional (TCIU).
Según las autoridades, la mujer habría aprovechado su perfil profesional y el acceso a poblaciones vulnerables para facilitar el accionar de la organización criminal.
El caso generó conmoción en Antioquia debido a que la capturada se desempeñaba en labores relacionadas con atención social y salud mental, funciones orientadas a la protección de comunidades vulnerables.
Operativo internacional y allanamientos simultáneos
La captura se dio durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en Medellín y municipios cercanos, en los que las autoridades desarticularon varios componentes de la estructura criminal.
Las investigaciones incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos y el uso de agentes encubiertos para rastrear la forma en que la organización coordinaba encuentros y movía recursos económicos relacionados con la explotación de menores.
De acuerdo con el reporte oficial, la red utilizaba apartamentos ubicados en sectores residenciales de estrato medio y alto de Medellín para evitar sospechas y dificultar los controles policiales.
Además, participaron agentes federales desplegados en ciudades de Estados Unidos como Massachusetts, Florida y Ohio, en coordinación con autoridades colombianas.
Fiscalía investiga presunto rol clave de la contratista
Las hipótesis de la Fiscalía apuntan a que la psicóloga tendría un papel estratégico dentro de la red.
Según los investigadores, la mujer presuntamente aportaba una apariencia de “normalidad” y respaldo profesional que facilitaba la captación y legitimación de las actividades ilegales.
El ente acusador investiga si la contratista utilizó información o contactos obtenidos a través de su labor institucional para identificar menores en condición de vulnerabilidad.
Alcaldía de Bello rechazó los hechos
Tras conocerse la captura, la Alcaldía de Bello emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente los hechos investigados y confirmó la terminación inmediata del vínculo contractual con la implicada.
“La implicada mantenía un contrato de prestación de servicios y, una vez conocida la situación jurídica, se procedió a la terminación inmediata de cualquier vínculo contractual”, indicó la administración municipal.
Asimismo, la Alcaldía aseguró que colaborará plenamente con las autoridades judiciales y anunció el inicio de una auditoría interna para establecer si la mujer tuvo acceso a bases de datos de menores beneficiarios de programas sociales.
“No toleraremos que ninguna persona vinculada a nuestra administración se vea envuelta en delitos que atenten contra la integridad de nuestros niños. Estamos brindando toda la colaboración necesaria a los entes judiciales para que este caso no quede en la impunidad”, señaló la administración local.
Solicitan medida de aseguramiento en centro carcelario
La psicóloga fue presentada ante un juez de control de garantías para la legalización de captura e imputación de cargos.
La Fiscalía le atribuye delitos como concierto para delinquir agravado y utilización de menores de edad para la comisión de delitos.
Debido a la gravedad de las acusaciones y al posible riesgo de fuga, el ente investigador solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Entre tanto, equipos de la Comisaría de Familia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelantan labores de atención y restablecimiento de derechos de los menores rescatados durante los operativos.
