La muerte de dos guardias civiles mientras perseguían a una narcolancha el pasado viernes en Huelva ha irritado a los agentes que a diario combaten el tráfico de drogas en el Estrecho porque llevan años reclamando medios materiales y humanos que no llegan. Aunque el Ministerio del Interior defiende que este año va a destinar 38,2 millones de euros al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar (1,3 millones más que en 2025), los agentes insisten en que esos recursos apenas están llegando a las comandancias.
«La lucha contra el narcotráfico no admite ese tipo de maquillaje. El discurso político está muy alejado de la realidad que nosotros vemos en el día a día porque a nivel operativo no están llegando recursos», denuncia Agustín Domínguez, portavoz de JUCIL en la provincia de Cádiz. «Pueden decir que el presupuesto está aumentando, pero en la Guardia Civil no lo apreciamos. Desde la muerte de dos compañeros en Barbate en febrero de 2024 hasta esta nueva tragedia, nuestras condiciones no han mejorado en nada», coincide Diego Madrazo, responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales de AUGC, quien lamenta que Interior tampoco ha aplicado las recomendaciones de la comisión del Parlamento Europeo que hace un año visitó la zona y recomendó «reforzar urgentemente las condiciones de seguridad y las garantías jurídicas» de los agentes.
Los portavoces de las dos asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil recalcan que uno de los principales problemas radica en la falta de medios para interceptar narcolanchas, causantes de la muerte de los cuatro agentes. «En AUGC hemos solicitado que las embarcaciones semirrígidas que tiene el servicio marítimo sean cabinadas para evitar este tipo de siniestros mortales o, al menos, para mitigar los daños, pero Interior sigue sin poner los medios necesarios. Están mandando a los compañeros a morir», subraya Madrazo. «La mayoría de nuestras embarcaciones ya han cumplido su vida útil y no son las más adecuadas para interceptar una narcolancha», añade.
El portavoz de JUCIL admite que Interior ha comprado nuevas embarcaciones, pero insiste en que siguen siendo «claramente insuficientes» para hacer frente al gran número de narcolanchas que operan en el Estrecho: «En estos momentos solo tenemos 6 o 7 embarcaciones para cubrir todo el litoral de Huelva, Cádiz y parte de Málaga. Más de 400 km de costa y una orografía complicada con marismas y la desembocadura del Guadalquivir. Necesitaríamos, al menos, esa cantidad de embarcaciones en cada comandancia, con personal preparado para pilotarlas, porque en alta mar puede haber hasta un centenar de narcolanchas listas para operar».
Solo tenemos 6 o 7 embarcaciones para cubrir más de 400 km de costa con una orografía complicada cuando en alta mar puede haber hasta 100 narcolanchas listas para operar»
Otro hándicap es el temor de los agentes a utilizar armas de fuego para interceptar a los narcos. «Necesitamos garantías jurídicas para poder hacer uso de armas largas y así poder disparar contra los motores de las narcolanchas porque interceptarlas en el mar siempre son maniobras muy arriesgadas. La única forma de detener a una narcolancha a 60 nudos de velocidad es poniéndole un helicóptero encima y con un francotirador disparando contra sus motores, pero ningún compañero está dispuesto a hacer eso sin garantías jurídicas», dice.
«El narco está cada vez más envalentonado y dispone de auténticos arsenales. Estamos viendo que muchas veces llevan armas y munición de guerra en las narcolanchas y nosotros nos sentimos desamparados legislativamente. Simplemente por responder al fuego de los narcos, nos arriesgamos a una expulsión del cuerpo o a ser juzgados por homicidio en grado de tentativa o lesiones. Aunque un juez te acabe dando la razón, te enfrentas a dos o tres años de auténticos quebraderos de cabeza», apunta Madrazo.
Reclaman el uso de medios no letales
En esa línea, los agentes también reclaman «el uso de medios no letales» para interceptar narcolanchas. «Ahora mismo la Guardia Civil solo tiene dos formas de enfrentarse al narco: usando el arma de fuego, que violaría los principios de proporcionalidad y congruencia que rigen nuestra actuación; o bien realizando maniobras de interceptación en el mar, que ya hemos visto que son muy peligrosas», dice el responsable de AUGC. «Existen otros medios no letales como lanzaredes, que se enredan en las hélices de la embarcación que se persigue para detenerla. También balas de foam, dispositivos lumínicos o muchos otros que pueden servir para detener embarcaciones, pero no nos están dotando de ellos», lamenta.
Asimismo, pese a que Interior afirma que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar contempla el refuerzo de plantillas, en la Guardia Civil hablan de un «déficit crónico» de personal en la lucha contra el narco. Según cálculos de las asociaciones, solo entre las comandancias de Cádiz y Algeciras existe un déficit de 500 guardias civiles y en la comandancia de Huelva se necesitan otros 300 agentes. «Ya hay carencias de plantilla para cubrir el servicio ordinario y la delincuencia común, imagínate para investigar el narcotráfico», señalan desde AUGC.
Los agentes tampoco entienden el desmantelamiento de la OCON Sur, la unidad de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, que fue suprimida por Malaska en 2022, pese a los buenos resultados que estaba logrando. Los portavoces de las asociaciones de guardias civiles reclaman que se recupere esa unidad o una equivalente: «Entendemos que se desmanteló para ahorrar costes, pero hace falta una unidad dedicada exclusivamente al narcotráfico y que no forme parte de la infraestructura estable de la Guardia Civil en las comandancias». Otras reivindicaciones históricas de los guardias civiles son que su profesión sea reconocida como de riesgo y que el Campo de Gibraltar sea considerada Zona de Especial Singularidad (ZES).
«Si el Ministerio del Interior no actúa de manera inmediata y contundente, España corre el riesgo de ser percibida como un Estado fallido en determinadas zonas del sur peninsular: las narcolanchas campan a sus anchas, los guardias civiles mueren en servicio, la droga se expande, la criminalidad aumenta y las bandas organizadas consolidan estructuras logísticas cada vez más complejas y permanentes», ha indicado JUCIL en un duro comunicado tras la muerte de los dos agentes Huelva, en el que inciden en que la situación es «consecuencia directa de años de falta de medios, ausencia de voluntad política y una estrategia insuficiente frente al narcotráfico».
Las asociaciones profesionales también han cargado contra el ministro Marlaska por su ausencia en el funeral en memoria de los fallecidos en Huelva, al que no asistió ningún ministro del Gobierno. «Tenía más interés en vender internacionalmente el escaparate de la gestión del hantavirus, que en acompañar a los guardias civiles que estábamos enterrando a dos compañeros. Seguramente quiso evitar algún abucheo, pero tendría que haber aguantado el chaparrón como nosotros aguantamos los féretros», recalcan desde AUGC.
