La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el eurodiputado Jaume Asens y otros miembros de la Flotilla interceptada en octubre del año pasado por Israel han ratificado este martes ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional su denuncia contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu por «crímenes de guerra y lesa humanidad». La exregidora y sus compañeros han solicitado que se investigue el resto de las intervenciones a otros barcos, incluido el asalto que se produjo la semana pasada y por el que permanecen apresado un activista español-palestino llamado Saif Abukeshek y otro de origen brasileño.
Entre las personas que han acudido este martes a declarar a la Audiencia Nacional está Sally Issa, esposa de Abukeshek, quien ha denunciado que su marido está siendo objeto de «muchas torturas». La activista ha explicado que no ha podido ponerse en contacto con su pareja, a la que solo le han permitido hablar con el cónsul español en Israel y con su abogado. Según ha especificado, Abukeshek está en «huelga de hambre» tras padecer torturas e «interrogatorios de muchas horas».
Antes de ratificar la denuncia, la exalcaldesa Colau ha intervenido ante los medios de comunicación para reclamar que los «Estados europeos» paren «los pies» a Israel, «un Estado criminal que está cometiendo genocidio desde hace tres años».
Fuentes fiscales enmarcan las declaraciones de este martes en la investigación que dirigen la ex fiscal general Dolores Delgado y el fiscal de Sala jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, con el objetivo de colaborar con la Corte Penal Internacional.
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz dio luz verde el pasado 18 de septiembre para que su antecesora Dolores Delgado creara un grupo de trabajo para «investigar las violaciones de los Derechos Humanos en Gaza». Las pesquisas del Ministerio Público se amparan en la recomendación de las Naciones Unidas que «insta a los Estados parte a cooperar con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», tal y como apuntó en septiembre la institución.
En todo caso, el objetivo de los trabajos de la Fiscalía española consiste en «recabar y preservar fuentes de prueba» para ponerlas a disposición «del órgano competente», en este caso el tribunal de La Haya, y dar «cumplimiento a las obligaciones asumidas por España en materia de cooperación internacional y derechos humanos».
«Dado que existe este procedimiento abierto por la Corte Penal Internacional, el resto de Estados no podemos abrir procedimientos independientes«, acotan fuentes fiscales consultadas por este periódico.
La exalcaldesa Ada Colau ha expresado antes de entrar a declarar que su objetivo es llevar a los «responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional» e instar a la suspensión «completa» del acuerdo comercial entre Israel y la Unión Europea.
El letrado y eurodiputado Asens ha afirmado que tiene identificados a los «directores de las cárceles» en las que ingresaron los miembros de la flotilla que afirman haber sufrido torturas. También ha acanzado que solicitará extender la orden internacional de detención al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y al titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de quien asegura que «se personó en las cárceles donde estaban los detenidos, humilló a los detenidos y es el responsable del sistema carcelario».
