El caso de la sobredosis de medicación a pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos ha sumado una tercera víctima mortal. Se trata de una de las cinco personas que en diciembre recibieron una dosis seis veces superior a la pautada por un error en su preparación. El hombre permanecía ingresado en estado crítico en la UCI desde entonces y ha fallecido tras cuatro meses de evolución desfavorable.
Con esta muerte, el balance del episodio asciende a tres pacientes fallecidos y dos supervivientes, que ya han recibido el alta. Los dos primeros decesos se produjeron en diciembre, poco después de la administración errónea del medicamento. El tercer afectado nunca llegó a salir de cuidados intensivos.
Todos los afectados estaban siendo tratados por cáncer de próstata cuando se produjo el error. El tercer fallecido logró superar inicialmente la intoxicación aguda provocada por el exceso de concentración del medicamento, pero sufrió daños severos en órganos vitales que hicieron irreversible su estado clínico.
El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1, tras recibir denuncia de la Fiscalía de Burgos, incoó en marzo diligencias previas por los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y lesiones por imprudencia profesional grave para investigar el fallecimiento de los pacientes.
Un «error humano»
El hospital reconoció en enero que los cinco pacientes recibieron una cantidad muy superior a la prescrita como consecuencia de un «error humano» en la preparación del fármaco. El fallo se habría producido en la disolución del medicamento, lo que generó una concentración excesiva y derivó en la administración de una sobredosis.
El medicamento señalado en las diligencias es Cabazitaxel, un tratamiento utilizado en oncología. La clave de la investigación está en determinar cómo se grabó o configuró la ficha del fármaco en el sistema informático del servicio de Farmacia y por qué los controles posteriores no detectaron el error antes de que llegara a los pacientes.
Un cambio informático, bajo la lupa
Una de las principales líneas de investigación se centra en la implantación de un nuevo sistema de prescripción electrónica en Oncología y Hematología. Según la denuncia de la Fiscalía, el hospital había puesto en marcha ese programa el 2 de diciembre de 2025 para sustituir la prescripción habitual manual o mediante orden médica informatizada.
El cambio obligó a configurar una base de datos con medicamentos oncológicos. La empresa responsable del programa volcó datos generales de forma automática, pero, según la Fiscalía, buena parte de esa información fue revisada después por farmacéuticos del hospital. Entre las fichas incorporadas figuraba la del Cabazitaxel. La investigación deberá aclarar quién introdujo, revisó y validó los datos que terminaron provocando una preparación incorrecta.
Investigación por homicidio imprudente grave
El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción número 1 de Burgos abrió diligencias previas tras la denuncia presentada por la Fiscalía, que actuó después de recibir escritos de afectados y de El Defensor del Paciente. La causa investiga posibles delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y lesiones por imprudencia profesional grave.
El juzgado ya ha solicitado informes forenses sobre las muertes y las lesiones sufridas por los supervivientes, así como información técnica sobre la trazabilidad del medicamento. También se ha requerido documentación a la empresa responsable del sistema informático y al servicio de Farmacia del hospital para reconstruir qué ocurrió exactamente y qué personas intervinieron en cada fase del proceso.
La denuncia de la Fiscalía se dirige contra los profesionales implicados en la grabación errónea de la ficha del medicamento y contra quienes tenían la obligación de revisar ese procedimiento. Además, figuran como posibles responsables civiles directos o subsidiarios la Consejería de Sanidad de Castilla y León y la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. La Junta ya anunció que asumiría las indemnizaciones, aunque todavía no han trascendido detalles económicos ni plazos.
Críticas de las familias
La Asociación El Defensor del Paciente ha pedido responsabilidades tras la muerte del tercer paciente. Su presidenta, Carmen Flores, ha calificado lo ocurrido como una «equivocación irresponsable» y ha reclamado una investigación exhaustiva. El abogado de la familia, Santiago Díez, ha solicitado una autopsia para reforzar que el fallecimiento sea tratado judicialmente como un presunto homicidio imprudente.
La familia sostiene que el paciente no murió por la evolución natural de su cáncer, sino por las lesiones provocadas por la sobredosis. Los allegados aseguran que la dosis errónea se administró en una fase avanzada del tratamiento.
Las claves pendientes por resolver
La investigación judicial deberá determinar si hubo un único error o una cadena de fallos, quién introdujo la dosis incorrecta en el sistema, quién la validó y por qué no funcionaron los mecanismos de seguridad destinados a impedir que un medicamento mal preparado llegara al paciente.
