El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC en minoría, quiere prohibir el uso del burka en espacios públicos y municipales. Así lo recoge la nueva ordenanza de civismo que el alcalde Fèlix Larrosa presentó el martes, que contempla también el endurecimiento de las sanciones por actos incívicos. En el caso del burka, en concreto, el artículo 12 recoge que «con fundamento de garantizar la interacción social en los términos habituales y propios de una sociedad libre y democrática, resto prohibido llevar cualquier prenda de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos».
De lo contrario, se considerará una infracción leve y se podrá multar con sanciones de entre 300 y 750 euros. El texto añade que la prohibición no se aplica «en lugares de culto, en espacios donde sea normal o habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en ejercicio de un derecho fundamental». No obstante, desde el consistorio han avisado de que consideran que «el burka y el niqab humillan a las mujeres», por lo que quieren «identificar a todas aquellas que lo llevan como resultado de violencia machista».
Según la teniente de alcaldía y responsable de políticas feministas del Ayuntamiento, Carme Valls, la prohibición trata de «defender los derechos de todas las mujeres» y por ello, también trabajan en un plan de acciones socioeducativas para la plena autonomía de las mujeres de la comunidad musulmana. La intención del consistorio es votar la propuesta en el pleno de junio y que sustituya al actual, que es de 2007. Con este, además, se prevén sanciones más duras, que van entre los 400 y 3.000 euros según el acto incívico y la reincidencia.
Segundo intento
El Ayuntamiento de Lleida ya intentó prohibir el burka durante el mandato de Àngel Ros (2004-2018). Sin embargo, el Tribunal Supremo tumbó la medida. Ahora, tras el nuevo intento, Larrosa ha explicado que a diferencia de la anterior propuesta, esta tiene otro «enfoque» y no se plantea desde el punto de vista de la seguridad, sino «de un tema de derechos fundamentales, y en este caso el derecho de las mujeres a poder decidir».
