La intervención del Gobierno Nacional a Nueva EPS, una de las aseguradoras de salud más grandes del país, estaría bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades en su implementación.
De acuerdo con una denuncia presentada por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría General de la Nación, el proceso habría incumplido los protocolos establecidos tanto en la ley como en los reglamentos internos de la entidad.
Nueva EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, permaneció cerca de dos años bajo control estatal. Durante ese periodo, según registros, su deuda habría aumentado en más de un 24 %, pese a que la intervención buscaba precisamente estabilizar sus finanzas.
La denuncia advierte que, al momento de ordenar la intervención, no se habrían seguido los procedimientos técnicos y administrativos requeridos, lo que podría configurar una actuación irregular por parte de las autoridades competentes.
Este nuevo señalamiento se suma a las preocupaciones sobre el manejo de la entidad durante la administración del Gobierno, especialmente en lo relacionado con su sostenibilidad financiera y la garantía en la prestación de los servicios de salud.
Por ahora, se espera que la Procuraduría evalúe la denuncia y determine si hubo faltas disciplinarias en el proceso de intervención.
