La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió dos nuevas investigaciones por posibles acuerdos anticompetitivos en procesos de contratación pública, relacionados con una licitación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Magdalena y otra adelantada por el municipio de La Mesa para obras de infraestructura.
La entidad, autoridad única en materia de protección de la libre competencia en Colombia, busca determinar si se configuraron prácticas de colusión que habrían afectado la transparencia y el adecuado desarrollo de estos procesos contractuales.
Según informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en 2024 el 10,34 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país se canalizó a través del sistema de compra pública, lo que convierte la vigilancia de estos procesos en un asunto estratégico para la economía nacional.
Investigación por licitación del ICBF en Magdalena
La primera actuación administrativa se originó tras una denuncia presentada por el ICBF, en el marco de una invitación pública para la prestación de servicios de educación inicial dirigidos a la primera infancia.
La SIC investiga si las fundaciones Alianza Para el Bien Social y Sembrando Amor Para un Futuro Mejor habrían coordinado su participación para incrementar sus probabilidades de adjudicación y acaparar un mayor número de zonas de las permitidas en el pliego de condiciones.
El presunto comportamiento se habría presentado en cinco zonas del departamento de Magdalena, específicamente en el Centro Zonal de Ciénaga, donde el presupuesto oficial ascendía a cerca de 17.000 millones de pesos.
Indagación por obras en La Mesa
La segunda investigación corresponde a una licitación adelantada por la Alcaldía de La Mesa para ejecutar obras de infraestructura.
El proceso se inició tras una denuncia del propio municipio, que advirtió posibles indicios de un acuerdo anticompetitivo entre tres empresas proponentes: Lufsacivil S.A.S., Econ Ingeniería S.A.S. y Castro Flórez S.A.S. (actualmente Sf Ingeniería S.A.S.).
De acuerdo con la información preliminar, la presunta alianza habría tenido como propósito aumentar las probabilidades de adjudicación y asegurar un resultado favorable para los involucrados.
La Superintendencia destacó la importancia de la colaboración activa de las entidades públicas afectadas, tanto en la formulación de denuncias como en el aporte de pruebas que permitan esclarecer posibles irregularidades.
Otras investigaciones en curso
La SIC informó además que en los próximos meses prevé concluir la instrucción de varias investigaciones relacionadas con procesos de alto impacto nacional, entre ellas:
- Presunto direccionamiento en procedimientos de contratación del Hospital Militar.
- Posibles prácticas de colusión en contrataciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el suministro de vehículos destinados a esquemas de seguridad.
- Investigación por presuntos actos de corrupción en procesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Balance de sanciones
Entre febrero de 2024 y la fecha, la SIC ha emitido 13 decisiones en casos relacionados con prácticas restrictivas de la competencia en contratación estatal.
En estos procesos fueron sancionadas 136 personas, incluidos siete funcionarios públicos, con multas que superan los 66.000 millones de pesos.
Con estas actuaciones, la entidad busca fortalecer la transparencia en el sistema de compra pública, proteger la libre competencia y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico y justicia social en el país.
