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¿Por qué la minería a cielo abierto pone en riesgo el río Bogotá?
De acuerdo con la CAR, el área intervenida se encuentra dentro de la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del río Bogotá.
Se trata de un territorio categorizado como zona de ordenación para uso múltiple, que incluye áreas agrosilvopastoriles y espacios destinados a procesos de recuperación ambiental.
Así lo explicó Camilo Poveda, director regional Almeidas y Guatavita de la CAR, quien señaló que este tipo de actividades no autorizadas son incompatibles con los objetivos de manejo sostenible definidos para la cuenca.
La autoridad ambiental advirtió que la explotación estaba generando alteraciones en las condiciones físicas de las aguas superficiales, debido al incremento de material particulado. Esta situación puede provocar cambios en el cauce y el caudal de los cuerpos de agua cercanos, afectando el equilibrio ecológico y la disponibilidad del recurso hídrico.
Impactos ambientales detectados por la autoridad ambiental
El informe técnico reveló múltiples afectaciones asociadas a la actividad minera. Entre ellas se encuentran la deforestación progresiva, la migración de especies y la exposición directa del yacimiento, lo que favorece procesos de erosión hídrica y eólica.
A esto se suma la ausencia de infraestructura adecuada para el manejo de aguas lluvias, como zanjas de coronación, lo que incrementa el riesgo de arrastre de sedimentos hacia las fuentes hídricas cercanas. Este fenómeno puede deteriorar la calidad del agua y generar impactos acumulativos en los ecosistemas de la cuenca del río Bogotá.
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Suspensión inmediata y llamado a denunciar minería ilegal en Cundinamarca
Ante el incumplimiento de la normativa ambiental y la falta de permisos, la CAR ordenó el cese inmediato de la actividad minera. La entidad reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en zonas estratégicas del departamento, especialmente en áreas de especial importancia ambiental.
Finalmente, la Corporación hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar prácticas de minería ilegal que pongan en riesgo los recursos naturales de Cundinamarca.
La participación comunitaria, señaló la autoridad ambiental, es fundamental para proteger los ecosistemas y garantizar un uso responsable del territorio.
