La condena de inhabilitación y posterior renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han obligado al Gobierno a iniciar el procedimiento para sustituir al jefe del Ministerio Público. El primer paso de este proceso, que está reglado en la Constitución y en el Estatuto Orgánico, va a tener lugar este martes, cuando el Consejo de Ministros va a proponer a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz, según ha podido confirmar 20minutos a primera hora de esta mañana.
Desde que el Tribunal Supremo comunicó el fallo que condena a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo, a propuesta del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, iniciará este martes en el Consejo de Ministros el proceso de nombramiento de la nueva fiscal general del Estado.
Según establece el artículo 124.2 de la Constitución, el fiscal general del Estado es nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno. Previamente a su toma de posesión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe emitir un informe valorando el perfil de la persona elegida, aunque su resolución no resulta vinculante. García Ortiz ha sido, de momento, el único fiscal general que, para el órgano de gobierno de los jueces, resultaba no idóneo.
El nombramiento está a su vez regulado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 29 establece además que el fiscal general del Estado será elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Peramato, fiscal de carrera con 35 años de ejercicio, cumple esta condición.
Ahora fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, es también fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos.
Además, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista.
La norma establece que al recaer el nombramiento sobre un miembro de la carrera fiscal, este quedará en situación de servicios especiales, como fue el caso de García Ortiz, también fiscal de carrera.
Comparecencia ante el Congreso
Tras el informe no vinculante del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados para que señale la comparecencia de Peramato ante la Comisión de Justicia de la Cámara, en la que la fiscal general propuesta deberá informar sobre su currículum y explicar sus principales líneas de actuación para que los diputados y diputadas puedan valorar sus méritos e idoneidad. La Cámara puede valorar su perfil, pero, como en el caso del CGPJ, su resolución no es vinculante.
Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.
Una vez nombrada, Peramato deberá prestar ante el rey Felipe VI el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
Cuatro años con justificadas excepciones
El mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de cuatro años y únicamente podrá cesar antes de que concluya dicho mandato por cinco motivos: a petición propia, por en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. La existencia de cualquiera de las cuatro primeras causas de cese será apreciada por el Consejo de Ministros.
