El Tribunal Supremo ha condenado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelar información confidencial concerniente a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha impuesto a García Ortiz, además, la obligación de pagar las costas procesales, indemnizar a González Amador por daños morales y a una multa de 20 euros durante 12 meses.
García Ortiz se convirtió el 29 de julio en el primer jefe del Ministerio Público en ser procesado, después de que tras varios meses de investigación, el instructor de la causa determinase su imputación ante los indicios de la responsabilidad de García Ortiz en la filtración de un correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso afirmaba que su representado había cometido dos delitos de fraude fiscal.
La que sigue es la cronología de una situación inédita en España: así han sido los acontecimientos que han conducido a un juicio histórico y al fallo del Supremo que condena e inhabilita al fiscal general del Estado:
Año 2024
8 de marzo
El relato del auto de imputación del Supremo arranca este día, con la llamada de la fiscal jefa de la Audiencia Provincial, Pilar Rodríguez, al fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto. La fiscal jefa le informa «de que González Amador tenía un vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid» y le pide «copia de la denuncia ya visada», explica el alto tribunal.
13 de marzo
21.00 horas. El fiscal Julián Salto recibe una llamada de un teléfono fijo, a la que no contesta. Minutos después le vuelven a llamar: es Pilar Rodríguez, pero la llamada no se escucha bien y los dos fiscales no logran entenderse.
21.30 horas. Pilar Rodríguez está a esa hora en su casa, y recibe la llamada de «la Fiscalía General del Estado», que le pide «los correos electrónicos intercambiados entre Julián salto y el abogado Carlos Neira», abogado defensor de González Amador. A lo largo de la llamada, le explican que van a elaborar «una nota de prensa para desmentir una información que está circulando por las redes».
22.00 horas. Pilar Rodríguez, finalmente, logra contactar con Julián Salto. le explica que «el fiscal general del estado la ha llamado preocupado por una noticia de prensa sobre un acuerdo de conformidad», en referencia a una noticia publicada por El Mundo a las 21.29 en la que se leía que la Fiscalía Provincial de Madrid había ofrecido un pacto de conformidad a Alberto González Amador para evitar una eventual pena de prisión por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Durante la llamada, Rodríguez pide a Salto que entregue de forma urgente «todos los correos intercambiados» con Neira. «Él procede a reenviar dichos correos electrónicos […] tanto a la fiscal jefe como a la fiscal superior» de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.
Minutos después de la llamada de Pilar Rodríguez. El auto del Supremo recoge una serie de llamadas que, según el escrito, se produjeron desde las 21.54 horas, pero que sin duda tuvieron que tener lugar después de la llamada de Pilar Rodríguez a Julián Salto -que supuestamente se produjo a las 22.00 horas. La primera es una llamada de Salto a Almudena Lastra. En la conversación, el fiscal de Delitos Económicos informa de que Pilar Rodríguez ha exigido, a instancias del fiscal general, los correos intercambiados con el abogado de González Amador. Acto seguido, Lastra recibe la llamada del jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid: este le informa de que ha recibido una nota de prensa [la que desmiente la versión de los acontecimientos publicada solo unas pocas horas antes] y que no está de acuerdo con su contenido. Finalmente, el fiscal general del Estado llama a Almudena Lastra y le ordena publicar la nota de prensa: «Hay que sacarla». La fiscal superior se niega a «asumir» la nota «al incluir los datos de las comunicaciones internas entre el fiscal y el abogado de González Amador».
23.51 horas. La Cadena Ser publica la siguiente información: «El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio». La cadena radiofónica especifica que ha tenido acceso a «un correo» en el que se demuestra la información, contraria a la ya publicada y basada en el mismo correo electrónico.
14 de marzo
00.10 horas. El Periódico de España publica otro artículo titulado: «El choque entre la Comunidad de Madrid y la Fiscalía por el ofrecimiento de un pacto a la pareja de Ayuso». Por un lado, la noticia hace alusión a un tuit publicado por el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso en el que este asegura que la Fiscalía había ofrecido por correo un acuerdo a González Amador. Después, señala que «fuentes del caso» aseguran que «el ofrecimiento surgió del abogado de Alberto González».
01.25 horas. ElDiario.es publica otra noticia sobre «la confesión por escrito de la pareja de Ayuso». En su interior, revela las citas textuales del correo electrónico.
07.14 horas. El País publica que «la pareja de Ayuso admitió ante la Fiscalía dos delitos tributarios que la presidenta negó en público y se ofreció a pagar lo defraudado».
9.06 horas. El Plural publica una noticia con el siguiente titular: «Esta es la carta del abogado del novio de Ayuso pidiendo un acuerdo a la Fiscalía».
10.20 horas. La Fiscalía Provincial de Madrid publica la nota oficial firmada por dos fiscales, la ahora imputada Pilar Rodríguez y el fiscal Julián Salto.
El director de gabinete del grupo parlamentario envía al grupo de WhatsApp con Lobato la noticia publicada por la Cadena SER en su web a las 11.01h sobre la nota de Fiscalía. Minutos después añade el texto íntegro de la nota del Ministerio Público. Diego Villafañe avisa a Pilar Rodríguez de que al día siguiente debe reunirse con representantes del Colegio General de la Abogacía de Madrid, «a ver si calmamos las aguas».
16 de octubre
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decide imputar a García Ortiz y a la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos. Según el auto, la nota de prensa en sí no es delictiva, sino que el delito estaría en la filtración y publicación de los emails entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, y que esos correos estaban en poder del fiscal general y de la fiscal provincial.
La clave de la imputación es ese intercambio y en cómo varios medios de comunicación tuvieron acceso al contenido de esos emails. El auto sostiene que las publicaciones de los medios contienen información a la que solo pudieron acceder las partes implicadas, es decir, la Fiscalía y la defensa de la pareja de Ayuso, así como la fiscal jefa de Madrid y el propio fiscal general del Estado, tras la solicitud de este de los mismos para la elaboración de la nota de prensa para desmentir las primeras informaciones publicadas.
23 de octubre
El fiscal general del Estado cambia de teléfono y borra los mensajes «por seguridad». Más tarde (en enero de 2025) explicará que lleva seis cambios de dispositivo desde que fue nombrado para el cargo en julio de 2022.
30 de octubre
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registran el despacho del fiscal general del Estado octubre por orden del juez Hurtado. Les pide que vuelquen la información de los dispositivos electrónicos de García Ortiz. Los agentes encuentran «cero mensajes» en el teléfono móvil en las fechas en las que se gestó la supuesta filtración de los correos de González Amador, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.
5 de noviembre
La UCO concluye que el fiscal general del Estado tuvo un papel destacado en la elaboración de la nota oficial que confirmó la filtración. Sin embargo, no encuentra pruebas directas de que él o su equipo hubieran difundido el correo a los medios.
Año 2025
3 de enero
La UCO concluye que García Ortiz cambió de móvil el 23 de octubre de 2024, solo una semana después de que el Tribunal Supremo abriera causa contra él por la presunta revelación de secretos.
28 de enero
La Sección Cuarta de la Sala Tercera de del Tribunal Supremo rechaza anular el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
29 de enero
El fiscal general del Estado niega ante el juez Hurtado cualquier implicación en la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. «No, rotundamente no», exclama. García Ortiz asegura que cambió de teléfono varias veces desde que es fiscal general del Estado, entre ellas el pasado 23 de octubre, una semana después de que el Supremo lo imputara por revelación de secretos. Justifica el borrado de mensajes de forma «regular» porque en su móvil hay «datos ultra sensibles».
30 de enero
La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, asegura ante el juez Hurtado que no filtró los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso y que se limitó a seguir órdenes de García Ortiz cuando este le mandó recabar los emails. La fiscal niega su implicación en el presunto delito y recuerda que hasta 60 personas tuvieron acceso a los correos filtrados.
3 de febrero
El juez Hurtado descarta abrir una pieza separada para indagar en las filtraciones de información relativa a la causa en la que investiga al fiscal general del Estado. El instructor sostiene que no procede abrir causa en el Supremo, sino enviar «testimonio» para que un juzgado de instrucción tome la decisión que considere.
5 de febrero
El teniente fiscal, Diego Villafañe, tercer y último investigado por la revelación de los secretos de Alberto González Amador, niega ante el juez que la filtración surgiera de la Fiscalía. Villafañe incide en el gran número de personas (más de 500) que tuvieron la posibilidad de acceder al expediente del novio de Isabel Díaz Ayuso filtrado el 12 de marzo de 2024 y a los correos electrónicos que se filtraron en la noche del día 13.
10 de febrero
La UCO asegura en un nuevo informe que el fiscal general del Estado borró todos los mensajes de WhatsApp de su teléfono el pasado 16 de octubre, cuando el Supremo lo imputó. Es su conclusión a raíz de la información facilitada por dos operadoras telefónicas.
25 de febrero
El juez Hurtado concluye que es «evidente» que el fiscal general del Estado «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles», en referencia a los mensajes de Whatsapp y la cuenta de correo electrónico que borró el día en el que fue imputado por supuesta revelación de secretos.
26 de febrero
El magistrado instructor del caso archiva la investigación por revelación de secretos contra el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz, al considerar que no existen indicios suficientes para mantenerlo imputado.
5 de marzo
El juez Hurtado ordena la prórroga de la investigación seis meses más para poder analizar todas las pruebas y esperar resultados de diligencias internacionales.
30 de abril
La UCO constata que ni Whatsapp ni Google han podido recuperar los mensajes o correos electrónicos borrados por el fiscal general del Estado, y así se lo trasladan los investigadores al juez del Supremo que le investiga.
16 de mayo
Los agentes de la UCO que redactaron el informe clave en el caso se ratifican en sus conclusiones. Consideran ante el juez que García Ortiz tuvo una «participación preeminente» en la filtración.
23 de mayo
Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, declara en el Tribunal Supremo que su abogado admitió a la Fiscalía que su cliente habría cometido dos delitos de fraude fiscal sin que el primero lo supiera.
27 de mayo
Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, declara que no le informó del envío del correo pero que estaba de acuerdo en pactar con la Fiscalía.
7 de junio
El abogado del fiscal general del Estado solicita el libre sobreseimiento de la causa abierta en el Tribunal Supremo. Según el escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, la investigación no ha conseguido aportar pruebas incriminatorias directas contra García Ortiz.
9 de junio
El juez Hurtado propone el procesamiento del fiscal general del Estado y de la fiscal Pilar Rodríguez. Según el auto, ambos facilitaron la difusión de información confidencial incluida en un correo electrónico clave relacionado con el entorno de la presidenta madrileña.
13 de junio
García Ortiz asegura que no va a dimitir pese a su procesamiento por revelación de secretos porque «no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general». «Como fiscal general del Estado, hice lo que tenía que hacer», dice.
18 de junio
El fiscal general del Estado recurre la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesarle por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador. Considera que sus conclusiones no solo son «ilógicas» sino «voluntaristas», pidiendo así a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que le corrija y archive el caso.
29 de julio
La Sala de apelación del Tribunal Supremo acuerda procesar al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. Lo hace tras desestimar los recursos de García Ortiz y del Ministerio Público. De sus tres jueces, dos consideran que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos «son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados». Un tercer juez, Andrés Palomo, está en contra y emite un voto particular.
9 de septiembre
El juez Ángel Hurtado acuerda la apertura de juicio oral a García Ortiz, mientras que rechaza su suspensión cautelar del cargo de fiscal general (como pedía la asociación de fiscales APIF), y le reclama una fianza de 150.000 euros para asegurar responsabilidades pecuniarias (que más adelante rebaja a 75.000 euros.
3 de octubre
El Tribunal Supremo confirma las fechas en las que se celebrará el juicio contra García Ortiz: entre el 3 y el 13 de noviembre.
3 de noviembre
Arranca el proceso judicial en el Tribunal Supremo, que se prolonga durante 10 días, hasta el 13 de noviembre, y en el que celebrarán seis sesiones con la declaración de 38 testigos. El histórico juicio, el primero contra un fiscal general en democracia, arrancaba con García Ortiz respaldado por el Gobierno y tras la petición reiterada de las asociaciones de fiscales por su dimisión. Las distintas acusaciones populares y la acusación particular ejercida por González Amador, pidieron para él una condena entre los cuatro y los seis años de prisión, hasta 12 años de inhabilitación y más de 400.000 euros de multa. Por contra, la Fiscalía solicitó la absolución.
Durante seis sesiones repartidas en diez días, declaran ante el Alto Tribunal hasta 38 testigos, incluyendo los fiscales Julián Salto y Almudena Lastra, así como la fiscal jefa Pilar Rodríguez, el teniente fiscal Diego Villafañe, los responsables de prensa de la Fiscalía, cargos o ex cargos públicos como Pilar Sánchez Acera (ex asesora de Moncloa), Juan Lobato (ex secretario general del PSOE madrileo), Francesc Vallés (ex secretario de Estado de Comunicación) o Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete de Ayuso). También más de una decena de periodistas y once funcionarios de la UCO que participaron en la investigación a García Ortiz.
13 de noviembre
El juicio queda visto para sentencia tras escuchar a las acusaciones y el alegato final de Álvaro García Ortiz. El fiscal general defendió en su intervención final su inocencia, alegando que «ninguna prueba» demostraba la orden de García Ortiz de filtrar ninguna información, cuestionando la investigación de la UCO y reprochando a las acusaciones la construcción de un relato «sin pruebas». «La verdad no se filtra, la verdad se defiende», concluía García Ortiz su intervención antes de concluir el procedimiento.
20 de noviembre
El Supremo anuncia el fallo del juicio a García Ortiz, condenando al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa diaria de 20 euros durante 12 meses, un total de 7.300 euros, además del pago de las costas procesales de las acusaciones y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador.
