Un total de 11 familias con nueve menores serán desahuciadas el 5 de diciembre de sus viviendas, en la calle Verdad del barrio sevillano de Palmete, después de que el juzgado haya fallado que el edificio, habitado desde hace más de 10 años, pase a manos de la inmobiliaria Altamira, operada por el Banco Santander.
Los afectados han declarado que no han hablado con ellos. «Las cartas que nos han llegado no vienen a nuestros nombres, llegan a la entidad del promotor, porque no han venido a pedirnos el DNI», ha explicado un afectado. Las familias han reclamado que quieren sus casas, ya que tienen contratos de alquiler con derecho a compra firmado.
«Yo no quiero otra casa, quiero la mía, la que he pagado, por la que he luchado. Soy trabajadora y lucho por mi hogar. Igual que los 11 vecinos que estamos en el bloque: los 11 luchamos por lo nuestro, por nuestras casas. Basta ya. El derecho a una vivienda no es un lujo«, ha recalcado una vecina afectada.
Otra de las afectadas ha asegurado que «se han vulnerado completamente todos» sus «derechos como inquilinos y, sobre todo, un contrato con derecho a compra que no se ha respetado». Las familias han afirmado que quieren seguir pagando sus casas: «Lo que queremos es que se regularice nuestra situación y poder luchar por nuestras viviendas, porque son nuestras viviendas».
Desde Adelante Andalucía han señalado que «estas son las consecuencias de las políticas que siguen aplicando el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta». «Políticas que empoderan a los especuladores, que les dan la posibilidad de actuar con impunidad, de trabajar a sus anchas y de otorgar todos los derechos a constructoras, promotoras, especuladores y fondos de inversión, y no a las familias», ha concluido la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza.
