Este jueves se cumple medio siglo de la muerte de Franco mientras la sociedad española sigue interrogándose sobre el verdadero alcance de aquel final. La desaparición del dictador abrió una oportunidad de cambio, pero la democracia no llegó hasta las primeras elecciones libres del 15 de junio de 1977 y su institucionalización con la Constitución de 1978.
Durante ese tiempo el país transitó por una fase híbrida condicionada por el marco jurídico del franquismo. La figura del rey Juan Carlos I, hoy nuevamente en el centro del debate con motivo de sus memorias, resulta esencial para entender ese tránsito.
Al asumir la Jefatura del Estado, el monarca heredó todos los poderes del dictador: control absoluto del Gobierno y mando supremo de las Fuerzas Armadas. Su aportación decisiva fue renunciar voluntariamente a ese poder para conducir el país hacia una monarquía parlamentaria.
Ese proceso –que las memorias del emérito están muy lejos de relatar fielmente– fue gradual y lleno de riesgos: desde el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, hasta la legalización del Partido Comunista, pasando por la Ley para la Reforma Política.
Pero el éxito final no estuvo exento de límites. Es a esto a lo que algunos historiadores se refieren cuando hablan de «zonas de sombra»: ambigüedades y silencios propios de un proceso de ruptura pactada.
No se trata de negar la legitimidad de la Transición, sino de comprender sus condicionamientos, empezando por el que cada semana infligía el azote terrorista sobre unas Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad aun plenamente franquistas.
Afianzada la democracia, las memorias del emérito, que en relación con la etapa última de su reinado son poco autocríticas, contienen un pasaje especialmente revelador: «Mi hijo me dio la espalda por deber… Entiendo que, como rey, debe mantener una postura firme, pero sufrí por su insensibilidad».
Más allá del reproche personal, estas palabras muestran algo esencial: la fortaleza de una monarquía constitucional depende de la capacidad del titular de anteponer la institución al vínculo familiar. Felipe VI actuó como debía, preservando la ejemplaridad en un momento de erosión pública de la Corona con una sobriedad y firmeza que han resultado determinantes. Medio siglo después, conviene poner las cosas en su sitio. La democracia solo llegó con las urnas y por la voluntad del pueblo español. Juan Carlos I fue decisivo para desmontar el legado autoritario. Y Felipe VI ha demostrado que la continuidad de la monarquía depende más de la ejemplaridad que de la nostalgia.
Conviene no distorsionar el pasado para no banalizar los esfuerzos y sacrificios que tantísimos españoles tuvieron que hacer para recuperar la democracia
