La familia que denunció acoso a su hija en un colegio de Vigo exige responsabilidades

La familia que denunció acoso a su hija en un colegio de Vigo exige responsabilidades

La familia de la niña de cinco años que denunció «acoso» por parte de seis compañeros en el colegio Monterrey de Vigo ha criticado este viernes la inacción del propio centro y ha exigido responsabilidades a la dirección y a los profesores. Así lo han manifestado durante una concentración que ha tenido lugar en las inmediaciones del colegio.

Los padres de la menor han explicado que conocieron la situación porque una estudiante informó a sus progenitores, y estos contaron a la familia de la víctima lo que estaba ocurriendo. «Es triste que nos hayamos enterado por otra niña, y no porque el colegio nos hubiese informado», han dicho. Fueron ellos mismos los que solicitaron al centro que activase el protocolo y presentaron una denuncia ante la Inspección Educativa.

El centro «dice que fue violencia», pero la familia mantiene que la situación que afectó a la niña durante dos semanas no fue un simple problema de convivencia o de comportamientos violentos. «La diferencia entre violencia y acoso creo que la sabemos todo el mundo», ha sentenciado la madre, que ha asegurado  que se han abierto otros tres expedientes en este colegio por otros supuestos casos.

La menor está en primero de Primaria y un grupo de alumnos de sexto curso «la arrastraban por el suelo, la subían a árboles, la dejaban allí, con sudaderas le tapaban la cabeza y hacían como si fuera un saco de boxeo, le hacían comer hojas…». «Estamos hablando de hechos reiterados, estamos hablando de abuso de poder y que son humillaciones, son vejaciones, es decir, se cumplen todos los patrones del acoso», ha dicho la progenitora.

Sin medidas desde el principio

Los padres han lamentado que haya profesores —e incluso otros padres— que reduzcan los hechos a «cosas de niños», y creen que es «preocupante» que no se hayan tomado medidas desde el principio, a pesar de que hubo alumnos que informaron al centro de lo que estaba pasando. Por ello, han reconocido que existe una «desconfianza» de ellos y de otras familias hacia el colegio, sobre si los niños y niñas estarán seguros.

La familia ha exigido medidas y adopción de responsabilidades para que esta situación no se repita. Además, han explicado que desconocen las medidas que se han adoptado con respecto a los supuestos acosadores, después de que la Consellería de Educación haya informado de la apertura por parte del colegio de cinco «procedimientos correctores con sanciones».

«Gracias a Dios, nuestra hija tiene un carácter fuerte y lo interpretaba como un juego. Hemos hablado con ella para que sepa que eso no está bien», han señalado. También han insistido en que, «si se mira hacia otro lado» y no se toman medidas, «se están creando agresores en potencia».

No quieren «venganza», sino «justicia»

Los padres de la niña afectada han aclarado que su deseo con esta denuncia pública no es la «venganza». «Lo único que queremos es justicia y estar tranquilos, poder dejar a nuestros hijos», han remarcado. Por eso, apelan a la labor de los profesores, que tienen responsabilidad sobre los niños cuando están en el colegio, al tiempo que han lamentado que el centro se haya limitado a pedir perdón, «pero no a reconocer sus fallos», y que falte «formación» para actuar en estos casos.

También han censurado algunas acciones llevadas a cabo por el centro, como pedir a su hija en clase que señalase a sus agresores o que «en su propia clase la hagan levantarse para contar a sus compañeros qué le han hecho». «Creo que mi hija de 5 años no tiene que pasar ese trago«, ha zanjado el padre.

Educación revisará la actuación del centro

La consellería de Educación está «encima» del caso. Así lo ha trasladado la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández Novoa este viernes, que ha explicado que los cinco «procedimientos correctores» abiertos a otros tantos alumnos por parte de la dirección del colegio se enmarcan en una fase previa del protocolo acoso escolar. Por tanto, están en una etapa preliminar de investigación.

Dentro de esta primera fase, desarrollada en los últimos días, el centro ha elaborado un dictamen en el que concluye que «no observa una situación de acoso, técnicamente hablando, pero sí se observa una situación gravemente perjudicial para la convivencia», por lo que ha abierto estos cinco protocolos.

«Obviamente, si la familia presenta su disconformidad con esta actuación del centro, el Servicio de Inspección Educativa, que ha estado presente desde el primer momento, revisará las actuaciones que se desarrollaron en el centro. Nosotros vamos a estar encima de la situación, porque es una situación de violencia en un centro educativo», ha subrayado Fernández.

La directora xeral ha explicado que, dado que los alumnos implicados han cometido una falta «tipificada como grave», serán «expedientados». Las sanciones dependen del grado de las faltas cometidas, en caso de faltas graves puede procederse a la suspensión temporal del derecho de asistir al centro, aunque también hay otras sanciones, como la prohibición de participar en actividades complementarias.

Preguntada acerca de la denuncia de la familia, que señala que no se activó el protocolo de acoso escolar, la directora xeral ha explicado que precisamente esta fase previa llevada a cabo en el colegio Monterrey está establecida en el nuevo protocolo de acoso escolar aprobado este año, como una de las novedades. Se trata de una «fase interna», desarrollada en el centro sin implicar a las familias, para que las actuaciones puedan ser rápidas y los padres no sean convocados y puestos «en una situación que no es agradable».

Situaciones «muy desagradables»

Por su parte, el conselleiro, Román Rodríguez, ha lamentado que este tipo de situaciones son «muy desagradables» y «muy preocupantes», y ha defendido que la Inspección Educativa actuó «desde el primer momento», tras tener conocimiento de los hechos. Según ha incidido, en coordinación con el profesorado del centro se pusieron en marcha los diferentes mecanismos que están en los protocolos, y el propio centro ha reconocido que hubo «una conducta grave contra la convivencia escolar».

Román Rodríguez ha subrayado que la Inspección Educativa y todos los servicios técnicos de la Consellería están «a disposición de las familias y de los centros» con el fin de que «se esclarezca todo lo que tiene que esclarecerse y se tomen las medidas pertinentes». «Estas situaciones, obviamente, siempre son preocupantes, siempre son muy difíciles, muy duras», ha reiterado.

Sesiones formativas para la prevención

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ante este caso, ha hecho un llamamiento a la comunidad escolar a «aportar los elementos que permitan restaurar la convivencia» para «recuperar el clima de paz y tranquilidad que debe presidir la actividad en un centro educativo». Para ello, ha invitado a familias y centros a hacer uso de los recursos que las administraciones ponen a su disposición.

Al respecto, ha mencionado específicamente las sesiones formativas impartidas por profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, dirigidas tanto a alumnos como a familias, para prevenir estos problemas. Finalmente, Abel Losada ha pedido que lo ocurrido en el colegio Monterrey sirva «para no bajar la guardia».

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