La asistencia que tiene que dar el Gobierno a la flotilla que se dirige a Gaza causa un nuevo choque entre los socios de coalición. «Hemos llegado hasta donde hemos podido«, ha sentenciado el ministro socialista Óscar López sobre el buque enviado por el Ejecutivo para escoltar a las embarcaciones, a las que el Gobierno pide retirarse por «seguridad». Sin embargo, sus socios de Sumar consideran que no deberían pedirles la retirada, sino proteger y dar cobertura a la misión.
Todo ello, después de que Global Sumud Flotilla (GSF) denunciase este miércoles una «operación intimidatoria» por parte de Israel en aguas internacionales cuando un buque de guerra israelí rodeó «de forma agresiva» esta madrugada una de sus principales embarcaciones mientras continúa su acercamiento a la Franja de Gaza tras haber entrado en la «zona de riesgo» donde las anteriores misiones fueron interceptadas. Tras ello, Moncloa avanzó que su buque no entraría en la zona de exclusión establecida por Israel porque esto podría poner en riesgo tanto a su tripulación como a la flotilla, y les recomendó «encarecidamente» que no se adentrasen en esa zona.
Lo reiteró el ministro de Transformación Digital y Función Pública esta mañana en una entrevista en TVE, en la que aseguró que «hay alguna medida que se tiene que tomar» con Israel a nivel europeo, como se hizo con Rusia, aunque insistió en que el buque de guerra español no cruzaría la zona de exclusión. Aunque se mostró a favor de tomar «todas las medidas» para presionar a Netanyahu con el objetivo de parar el genocidio, consideró que, en el caso de la flotilla, «la seguridad es la prioridad».
López rechazó hablar de cualquier escenario a futuro, como de la actuación del Gobierno en el que caso de que Israel ataque a la flotilla y a sus tripulantes, que ya se han adentrado en aguas que tras su reconocimiento como Estado, se consideran aguas palestinas ocupadas, aunque Israel advierte de que es zona de exclusión.
Se limitó a decir que Netanyahu está yendo «contra el derecho internacional, contra el derecho del mar y también contra el derecho internacional humanitario». «A partir de ahí, un Gobierno tiene que tomar sus decisiones y este Gobierno no va a meter al barco español en esas aguas. Insisto, toda la empatía por una causa que no puede ser más justa», espetó.
«Hemos llegado hasta donde hemos llegado. Hemos mandado el barco hasta ese límite y estará allí para darles asistencia. Pero en este momento, la prioridad absoluta y máxima es la seguridad de esas personas que están en la Flotilla. Por eso, ayer les recomendamos que no cruzaran ese ese límite», reiteró.
Nuevo encontronazo con Sumar
La posición adoptada por el ala socialista del Gobierno ha provocado un nuevo choque con el socio minoritario, Sumar, después de la brecha que causó entre ambas formaciones el apoyo del presidente Pedro Sánchez al plan pactado por EEUU e Israel para Gaza. A través de un comunicado, la alianza que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz señaló que «cualquier intento de evitar que la flotilla desarrolle su labor humanitaria es cometer una grave ilegalidad contraria al derecho internacional», e insistió en que «la responsabilidad del Gobierno de España no es pedirles que se retiren, es protegerles si deciden seguir».
«El Gobierno tiene la obligación de defender la legalidad internacional y de proteger y dar cobertura a la flotilla», dado que «se encuentra en aguas internacionales» y, «de acuerdo con el derecho internacional, tiene derecho libre navegación y su carga y objetivos son completamente legales», defiende Sumar. Es más: las metas de los activistas, asegura la formación, «se inscriben en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas, que han llamado repetidamente al fin del genocidio y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza».
En la misma línea, en un mensaje en su cuenta de Bluesky, la propia Díaz aseveró que la misión humanitaria de la flotilla es «legítima y necesaria» mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es un «criminal de guerra responsable del genocidio» y el único fuera de la legalidad. «España y la UE deben proteger a la Flotilla», zanjó.
