La juez del Tribunal de Distrito en Washington DC, Jia Cobb, ha bloqueado la ampliación del Gobierno de Estados Unidos para las deportaciones 'express', cuyo objetivo era expulsar a los inmigrantes del país lo más rápido posible. La juez afirma que esta operación ha pasado de arrestar a personas extranjeras cerca de la frontera o poco después de haberla cruzado a ser aplicada contra quienes "hace mucho que llegaron a (nuestro) país".
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha estado continuamente buscando cómo acelerar la expulsión de inmigrantes de su territorio nacional desde que Donald Trump ocupó el Despacho Oval a principios de año. Uno de sus atajos ha sido la legislación del siglo XVIII, que les ha permitido reducir los procesos de deportación.
La aplicación extendida de esta ampliación sin un límite concreto podría suponer su práctica contra cualquier persona simplemente con la acusación de la Casa Blanca de haber entrado ilegalmente en el país, incluidas nacionales de Estados Unidos, de acuerdo con la juez Cobb. De esta manera, el proceso legal se reduciría y los arrestados estarían privados "de cualquier oportunidad significativa de refutar acusaciones", aunque esto no está contemplado en la ley.
El pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos interpuso una sentencia contra la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual permitía la aceleración de las deportaciones de inmigrantes, y dictaminó que los extranjeros debían tener más tiempo para defenderse de los avisos de expulsión.
Con el inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump prometió la deportación de más de once millones de personas inmigrantes que viven en situación ilegal en el país. Por el momento, el Departamento de Seguridad Nacional ha detenido a más de 236.000 inmigrantes indocumentados y ha expulsado a 207.000 personas, según datos de junio.
Desde entonces, la justicia estadounidense ha intentado interpelar en más de una ocasión distintos aspecto de esta operación de deportación masiva, aunque el republicano siempre ha salido victorioso. El pasado mes de mayo, la Administración Trump ha conseguido finalmente el permiso por parte del Tribunal Supremo para eliminar un programa que dejaba a 532.000 personas de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela vivir y trabajar en el país norteamericano, una medida fruto de la etapa de Joe Biden en la Casa Blanca. Asimismo, el Supremo ha accedido a que el magnate lleve a cabo la eliminación del estatus de protección dirigido específicamente a inmigrantes procedentes de Venezuela.
Entre los recientes pasos de Trump en materia de inmigración está la inauguración del nuevo centro de detención para inmigrantes en Everglades (Florida), apodado 'Alligator Alcatraz'. El centro, que ha sido construído en ocho días, tiene la capacidad para albergar a 5.000 personas y se ha propuesto contar con jueces de inmigración “in situ”, incluidos miembros de la Guardia Nacional, para agilizar las deportaciones en un plazo de 24 a 48 horas.
