La inmigración ha sido históricamente una fuente de debate político y social, dentro y fuera de Europa. Desde hace décadas, se han planteado distintas alternativas en todo el mundo, como la de Australia, que ha sido aplaudida mayoritariamente en el país después de reducir la cifra de inmigrantes llegados por vía marítima, cuando antes de implementar en 2013 la Operación Fronteras Soberanas, recibía anualmente a unos 300 barcos al año procedentes del sudeste asiático.
El protocolo obligaba a todos los inmigrantes a tramitar sus solicitudes de asilo antes de llegar al país, antes de pisar territorio nacional. El proyecto consistía en interceptar las embarcaciones en alta mar y bloquear todas aquellas que intentaran entrar de manera irregular, para trasladar posteriormente a sus ocupantes a centros de detención en terceros países, principalmente en Nauru y Papúa Nueva Guinea. Una alternativa que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a contemplar.
La operación obtuvo los resultados esperados desde su inicio. Según la ONG Asylum Insight, entre septiembre de 2013 y finales de 2024, aproximadamente 990 personas regresaron voluntariamente a sus países de origen y unas 60 fueron deportadas de forma forzosa. Estas medidas, no obstante, no estuvieron exentas de críticas, ya que la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en dictámenes consultivos) y múltiples ONG pidieron a Australia cerrar los centros y respetar el acceso al asilo y al debido proceso legal. Además, en una visita de Médicos Sin Fronteras al centro de asilo de Nauru, se constató que, de los 208 refugiados entrevistados, el 60 % tenía pensamientos suicidas y el 30 % había intentado suicidarse.
Actualmente, el modelo australiano ha logrado reducir los 300 barcos registrados en 2013 a solo 26 entre mayo de 2022 y enero de 2025. Según la Fuerza Fronteriza Australiana, en lo que va de año no se han producido llegadas irregulares por mar al país, y un total de 72 personas han sido reasentadas en terceros países.
Este modelo es defendido por diversas autoridades, como el profesor de Demografía en la Escuela de Población y Salud Global de la Universidad de Melbourne, Peter McDonald. Él sostiene que el programa de migración calificada ha dejado de ser un complemento y se ha convertido en el eje central de la política migratoria australiana. No rechaza la inmigración, sino que aboga por un modelo de migración planificada a largo plazo, no impulsiva ni basada en presiones coyunturales. Actualmente, Australia aplica un sistema de puntaje que permite seleccionar a inmigrantes jóvenes, calificados y con alto potencial de integración económica.
Por otra parte, McDonald considera que “un gran número de migrantes no calificados con plenos derechos laborales ciertamente no proporcionan los beneficios económicos comprobados de la variedad calificada; de hecho, pueden plantear retos de cohesión social, como ha descubierto Europa”. El demógrafo también sostiene que este modelo debe actualizarse constantemente y complementarse con políticas de integración y equidad.
El modelo español, en cuestión
El fenómeno de la inmigración es "perfecto" para el experto en demografía Alejandro Macarrón Larumbe, profesor de la Universidad San Pablo-CEU. Eso sí siempre y cuando "haya necesidad" de mano de obra, ya que se juntan "la necesidad de población nueva para trabajar con la llegada de población nueva que quiere trabajar", si bien es "un disparate" en las circunstancias actuales, en las que el paro ha registrado el peor julio de la serie histórica.
"Es una barbaridad que se esté fomentando la llegada masiva de personas desde el extranjero", opina Alejandro Macarrón. "España no necesita esta ola de inmigración en masa", explica el experto, que además subraya las problemáticas añadidas de la nacionalización: "Se está dotando a millones de personas de derechos incondicionales de por vida y muchos de ellos no tienen afecto por la sociedad española y europea. Otra cosa bien distinta es darles derechos civiles y económicos, etc."
Del extranjero para España…
Las cifras del INE demuestran un fenómeno migratorio que, según Macarrón, no tiene precedentes en los países modernos. Los nacidos fuera de España representan en estos momentos el 18,5% de la población nacional, una cifra que no deja de aumentar. De las personas que han llegado a España durante el periodo abril-junio, 36.900 procedían de Colombia, 25.100 de Marruecos y 21.400 de Venezuela. Los siguen, en orden descendente, los peruanos (15.200) italianos (10.300) y argentinos (8.300).
La inmigración y el Estado de bienestar moderno son incompatibles, según el reconocido economista Milton Friedman —uno de los referentes del liberalismo—, una teoría a la que se suma Macarrón: "Los inmigrantes y los españoles que no trabajan les cuesta dinero al Estado del bienestar. Ambos tienen derecho a subsidios y eso creo que es muy negativo porque crea un incentivo aunque haya unas tasas de paro enormes".
"Hacia el año 2013, en el peor momento de la crisis, se quedó en paro el 60% de la inmigración africana, que era mayoritariamente marroquí", explica el profesor de la Universidad San Pablo-CEU. "En los siguientes tres años, no se fue de España ni el 1% de ellos, y eso no se puede criticar. Hicieron muy bien en aprovechar los subsidios. El problema es del político español que se los da y de los medios intelectuales que apoyan eso", subraya.
Un dilema, el del Estado del bienestar que admite una población inmigrante mayor de la que puede absorber, que genera problemas éticos. Sin embargo, Macarrón insiste de forma coherente: "No podemos subvencionar a toda la población mundial pobre, sobre todo cuando en España ya tenemos pobres propios", una idea que hace extensiva a los inmigrantes que llevan tiempo trabajando en el país: "El extranjero que lleva años aquí y ha contribuido es el más perjudicado por la inmigración masiva porque son con los que compiten laboralmente", asegura el profesor.
