El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles un plan de 15 medidas para luchar contra la corrupción en pleno escándalo por la supuesta implicación del ex número tres del PSOE Santos Cerdán en el caso Koldo. Dicho plan incluirá, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de un sistema de «listas negras» para prohibir a las empresas condenadas por corrupción firmar contratos con la administración pública. El jefe del Ejecutivo presentó estas medidas ante el pleno del Congreso en una intervención que el líder del PP tildó de «numerito de cordero degollado» pues, para Alberto Núñez Feijóo, solo hay una salida «decente» para el socialista: «Confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones».
Durante el pleno extraordinario para escuchar sus explicaciones por las presuntas corruptelas de Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, Sánchez presentó la corrupción como «otra crisis» de país, comparable a las de la covid-19 o el volcán de La Palma. Así, aseguró que va a «abordarla» y a «superarla» sin «tirar la toalla» y sin dimitir y convocar elecciones, opciones que, confesó Sánchez, valoró tras saltar el escándalo de Cerdán.
El dirigente justificó esa decisión asegurando que es «un político limpio que desconocía las corruptelas» de Cerdán y Ábalos, aunque reconoció que es «evidente» que se equivocó al nombrarlos y hubo «errores», por los que pidió disculpas. Asimismo, el presidente quiso trasladar el mensaje de que «en España no existe impunidad» y tampoco una «corrupción generalizada». «La práctica totalidad de las contrataciones públicas cumplen con la ley», aseguró.
La primera iniciativa del plan de Sánchez, acordado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es la «puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente» que tendrá la misión de centralizar en un solo ente «las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas». Esa oficina, por ejemplo, sería la encargada de establecer «controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato».
Otra de las medidas incluidas en el plan anticorrupción es la «obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes» de sus cuentas. Los partidos podrán perder sus subvenciones si mantienen a personas condenadas por corrupción. Y, asimismo, la intención del Gobierno es «reducir el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros».
En el ámbito de la contratación, el plan prevé adaptar las fórmulas de adjudicación a las que se utilizan en los fondos Next Generation de la UE. También se introducirán «aplicaciones de inteligencia artificial» en la Plataforma de Contratación del Sector Público para identificar «patrones anómalos o indicios de fraude», así como que se exigirán «sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las administraciones».
Por otro lado, Sánchez anunció la creación de secciones especializadas en delitos contra la administración en los nuevos tribunales de instancia. También prevé endurecer las penas por delitos de este tipo y duplicar los plazos de prescripción, así como aumentar las multas a las empresas corruptoras. Por último, para recuperar el dinero defraudado, el jefe del Ejecutivo anunció la creación de la figura del «decomiso administrativo o preventivo», que permitirá incautar bienes sin necesidad de condena previa.
La postura de la oposición
Los 45 minutos de intervención de Sánchez no sacaron a Feijóo de su tesis acerca de la legitimidad del Gobierno, sino que le sirvieron para reafirmarla: «Siempre he dicho que esta legislatura nació de una transacción corrupta: poder por impunidad. Pero ahora sabemos que la corrupción fue también el origen de todo: de su llegada al PSOE con primarias, que parece que amañó, de la moción de censura, que compró, y de su Gobierno, donde se robó. Todos estos años han operado como una organización criminal».
En este sentido, Feijóo espetó a Sánchez que «no eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas», en referencia a Cerdán y Ábalos, sino que «eligió a personas correctas para hacer las cosas equivocadas para llegar al poder y mantenerse». «Venían ustedes corrompidos», lanzó el presidente popular, quien lamentó que Sánchez no haya pronunciado «ni un gesto de aceptación de responsabilidad». Así, el popular le afeó que acuda a la Cámara Baja a hablar de su partido «cuando tiene a su familia imputada».
Ante la falta de tiempo, el líder popular optó por entregar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, una lista con 50 preguntas que quería dirigir a Sánchez sobre la trama y cargó no solo contra la bancada socialista, sino también contra los socios que sustentan el Gobierno, especialmente contra el PNV, socio del PP antes de la moción de censura que aupó a Sánchez a la Moncloa: «¿Han revisado los motivos por los que apoyaron la moción de censura en 2018?».
Llegado el turno de los aliados habituales de la Moncloa, ninguno pidió expresamente al presidente que dimitiese ni mostró voluntad clara de hacer caer al Gobierno que nació en 2023. Sin embargo, todos mostraron su enfado ante el escándalo que salpica al PSOE. «Gobernar no es resistir, es transformar», le trasladó a Sánchez la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien, para marcar distancia con su socio de Gobierno, decidió sentarse con su grupo parlamentario y no en la bancada azul. La líder de Sumar ahondó en la necesidad de dar «un giro a la izquierda» en lo que queda de legislatura, así como un «giro social». Con todo, agradeció a Sánchez que incluya medidas de Sumar en el plan y le mostró su confianza: «Sé que usted es honrado».
En la línea de Sumar, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pidió a Sánchez que trabaje para subir el salario mínimo y reforzar las pensiones, aunque también puso el foco en la vivienda. Mientras, Junts situó la corrupción como «uno de los vicios del franquismo que PP y PSOE mantienen intactos», en palabras de Míriam Nogueras.
Bildu, como ERC, construyó su discurso sobre la idea de que la Moncloa debe cortar de raíz la corrupción y redoblar el impulso social de la legislatura. «Urge un nuevo programa político», lanzó Mertxe Aizpurua. Desde el PNV, Maribel Vaquero pidió explicaciones al presidente del Gobierno, a quien acusó de estar «en shock» y de no tener «rumbo claro».
Por su parte, Ione Belarra, portavoz de Podemos, tachó de «decepcionante» la comparecencia del secretario general socialista. «Hemos visto que no han aprendido nada de lo que ha pasado en España en los últimos 20 años sobre corrupción y machismo», dijo Belarra, quien puso el foco también en las empresas implicadas: «Suban aquí y digan que Acciona no va a recibir un euro de dinero público».
Desde el otro extremo del arco parlamentario, el líder de Vox, Santiago Abascal, centró su discurso en equiparar a PP y PSOE. «La única discusión que tienen de verdad es quién roba más», dijo Abascal, que abandonó el hemiciclo junto a sus diputados cuando habló Sánchez. El presidente del Gobierno se negó a contestarle.
