El humo del fuego, proveniente de los contenedores y coches quemados por los protestantes, hacen difícil la visibilidad en varias zonas de Los Ángeles, tras tres días de protestas que se han saldado con diez manifestantes detenidos.
Las manifestaciones han sido motivadas por una serie de redadas migratorias, realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las cuales provocaron un fuerte rechazo entre las comunidades de inmigrantes de este estado y de varias colectivos en defensa de los derechos humanos, que consideran estas redadas desproporcionadas e injustas.
Pero la tensión se ha hecho patente, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de 2.000 soldados en la Guaria Nacional de California con el objetivo de “contrarrestar manifestaciones focalizadas, que ya fueron controladas y no representaban ningún problema de seguridad”, contra las redadas migratorias en Los Ángeles, el condado más poblado de Estados Unidos con cerca de 10 millones de habitantes.
Es la primera vez que en 60 años se despliegan las fuerzas armadas y las críticas a la administración Trump no se han hecho esperar. El principal motivo de las críticas es que este despliegue se ha dado sin la autorización del Gobernador de California, Gavin Newsom.
Las calles arden en Los Angeles | EP
Críticas a la decisión de Trump
Newsom ha calificado el despliegue como “ilegal” y “una provocación política". No ha sido el único, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha expresado también su rechazo al uso de la fuerza militar contra los manifestantes.
“Se trata de una escala caótica. El miedo que sienten nuestros ciudadanos es más que real, se siente en las comunidades, en las familias, pone en riesgo a muchos vecindarios. Esto es lo último que podría necesitar nuestra ciudad”, ha expresado Bass.
Aparte de ellos, varios grupos que “defienden los derechos civiles”, han advertido del peligro que representa la decisión de Trump para la ciudad. “Es una peligrosa escalada que pone en riesgo a las comunidades y a la democracia”, ha expresado en un comunicado Neera Tanden, directora ejecutiva del Centro para el Progreso Americano.
La Guardia Nacional en formación | EFE
Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, también acusó a la Administración de generar un riesgo “legal y ético” para las tropas “socavando imprudentemente” el principio democrático de que las fuerzas armadas no deben vigilar a los ciudadanos.
Un despliegue sin precedentes
El presidente de EEUU, no puede desplegar a la Guardia Nacional en un estado sin la autorización del gobernador, por lo que su decisión ha sido también criticada no solo por poner en riesgo a la ciudadanía, también se ha sentido como una violación de la soberanía estatal.
Trump ha utilizado una ley federal poco frecuente para esto, que permite que el presidente pueda solicitar la movilización de la Guardia, siempre y cuando el gobernador mantenga el control operativo, asimismo, Newsom tiene potestad para rechazar la propuesta del despliegue.
Una manifestante herida es atentida | EFE
La polémica se ha hecho aún más grande, cuando Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera", ha entrado en acción. Este exfuncionario que cuenta con un cargo sin confirmación senatorial, es el encargado de supervisar las operaciones de control fronterizo, incluyendo las deportaciones de inmigrantes indocumentados y ahora ha amenazado con arrestar al gobernador Newson y la alcaldesa Bass por sus palabras.
Algunos catedráticos, como Miguel Tinker Salas, de la Pomona College, advierten de que Homan no tiene ninguna autoridad para ordenar el arresto de funcionarios electos.
Cientos de manifestantes se enfrentan a las policía | EFE
Paralelamente, se han registrado seis coches incendiados y barricadas con sillas, cubos de basura y señales de tráfico, además de pintadas contrarias al ICE en un autobús y el encendido de fuegos artificiales mientras agentes de la Policía montada trataban de hacer retroceder a la multitud.
A través de una publicación en la red social X, la Policía de Los Ángeles ha advertido de que "el uso de dispositivos incendiarios contra agentes de la policía montada será respondido con la fuerza adecuada", advirtiendo de la autorización de municiones "menos letales" capaces de "causar dolor y malestar".
