El Gobierno ultima un decreto que reforzará la ley obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones (ZBE), algo que desde se hizo efectiva en 2023 han cumplido una minoría de ayuntamientos. Casi un año después no llegaban a la veintena y ahora son solo alrededor de un tercio de las casi 150 ciudades que deberían crearla. Desde entonces, los alcaldes han pasado de postergar la puesta en marcha de estas restricciones al tráfico, a anunciar su tramitación y a activar dispositivos, el algunos casos temporales de prueba, sin multas o sin un control efectivo de las ZBE. Para evitar que esto siga siendo así, los Ministerios para la Transición Ecológica y del Interior están ultimando un nuevo decreto, que obligará a los ayuntamientos a cumplir requisitos más expeditivos para considerar que tienen implantada una zonas de bajas emisiones como marca la ley. Entre ellos, que las zonas esté efectivamente delimitadas y se controlen los accesos. También, que exista un régimen sancionador efectivo, es decir, que haya multas para los conductores que no las respeten.
El borrador del real decreto sobre el que trabajan los departamentos de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y del ministro Fernando Grande Marlaska introduce modificaciones en dos artículos de un decreto anterior, que el Gobierno aprobó en diciembre de 2022 con criterios sobre qué tenían que tener estas zonas de tráfico restringido, que ahora hace más expeditivas, al reconocer que las zonas de bajas emisiones no se han implantado de forma efectiva en España. Según el contador alojado en la web del Ministerio para la Transición Ecológica, solo 54 de las 149 ciudades obligadas por la Ley de Cambio Climático a delimitar una o varias zonas de bajas emisiones las tiene activadas.
«Durante el tiempo de vigencia del Real Decreto 1055/2022 se ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer unos criterios que garanticen la implantación efectiva de la norma, de forma que la implantación de una ZBE se acompañe de la aplicación de medidas normativas y medidas adicionales que garanticen la efectividad de la ZBE y el cumplimiento del objetivo de estas», dice el borrador del nuevo decreto.
No valen los periodos de pruebas sin multas
Para corregir esta situación, la nueva norma añade cinco criterios que, «al menos» deberán cumplir las zonas de bajas emisiones para que sean consideradas acorde a la ley, además de los que se establecieron en 2022, más laxos, que simplemente pedía a los ayuntamientos «informar» a la Dirección General de Tráfico (DGT) y al Ministerio para la Transición Ecológica de área de su ZBE, de sus horarios o vehículos que tendrían permitido entrar.
El añadido que se introducirá en breve es más expeditivo, porque establece que para considerar que un ayuntamiento ha implantado de forma «efectiva» una zona de bajas emisiones, deberá acreditar que cumple por cinco nuevos requisitos, entre ellos, que no hay periodos de prueba sin multas para los conductores que circulen por donde no deberían.
El primer requisito será la «publicación de la normativa municipal vigente donde se establece la delimitación legal de la ZBE». El segundo, que haya «prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según el potencial contaminante de los mismos». En tercer lugar, las zonas de bajas emisiones válidas deberán tener «el sistema activo de control de accesos, monitorización y seguimiento» y en cuarto, la «integración con el Punto de Acceso Nacional en materia de tráfico y movilidad de la DGT».
El quinto requisito hace referencia a las multas porque reclama a los ayuntamientos que las zonas de bajas emisiones tengan «el régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración cualquier sistema transitorio de avisos que pudiera haberse contemplado previamente».
Criterios más duros para no devolver ayudas y recibir fondos de Transportes
Una vez que se apruebe el nuevo decreto, solo cumpliendo con estos criterios los ayuntamientos podrán acreditar que han activado las zonas de bajas emisiones a las que les obliga la ley y evitarán enfrentarse a un difuso régimen de sanciones que, de momento, tiene sus efectos más claros en la posibilidad de tener que devolver las ayudas europeas que recibieron precisamente para eso, para delimitar zonas de tráfico restringido.
El Ministerio de Transición Ecológica decidió no introducir un régimen sancionador ni en la Ley de Cambio Climático de 2021 ni en el decreto sobre zonas de bajas emisiones de final de 2022 para los ayuntamientos que no cumplieran la obligación de crear ZBE y, de momento, las posibles sanciones parten del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, el encargado de repartir desde 2021 hasta 1.500 millones de euros del fondo de recuperación de la UE tras la pandemia, para que los ayuntamientos reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero del tráfico, reduciendo en uso del coche o al menos de los más contaminantes, creando carriles bici, zonas de peatonales o incentivando el uso del transporte público.
Si no lo hacen, tanto la exministra Raquel Sánchez como el actual titular de Transportes, Óscar Puente, llevan años advirtiendo de que los ayuntamientos deberán devolver los fondos si no demuestran que han creado zonas de bajas emisiones. Más recientemente, Puente introdujo la existencia de ZBE como requisito para que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes reciban fondos del Ministerio para bonificar el transporte público en el nuevo régimen de ayudas, entre julio y diciembre de este año. Para ello, a partir de nuevo decreto de Transición Ecológica e Interior deberán tener una delimitación clara, control de accesos y multas.
