Vox, Hazte Oír y Iustitia Europa, personadas en la mayoría de causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, tratarán de llevar también a los tribunales a la fontanera del PSOE Laura Díez. Así lo han anunciado este martes, un día después de que El Confidencial revelara unas grabaciones en las que Díez intenta, supuestamente, conseguir información para desacreditar al teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas.
La formación de Santiago Abascal, inmersa en todas las batallas judiciales que puedan afectar al Gobierno o al entorno del presidente, pretende abrir otro frente: este lunes, Vox interpuso una querella ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra cuatro personas. Se trata de cuatro individuos presentes en la conversación de Díez con el empresario Alejandro Hamlyn; en la que la ‘fontanera’ ofrece al empresario investigado aliviar su futuro judicial a cambio de información que perjudique a la UCO.
Además de dirigirse contra Díez y Hamlyn, la querella de Vox incluye al abogado Jacobo Teijelo y al empresario Javier Pérez Dolset. Los delitos a los que apunta el partido son cohecho, tráfico de influencias y obstrucción de la Justicia.
El partido Iustitia Europa ha presentado una denuncia por estos hechos en los Juzgados de Madrid a las 10.10 horas de este martes. El escrito de 12 folios, al que ha tenido acceso 20minutos, recoge varias informaciones de medios de comunicación y sostiene que la conversación de Díez con un empresario del que busca obtener información perjudicial para Antonio Balas es constitutiva de varios delitos. Apunta, en concreto, a la supuesta comisión de ilícitos de prevaricación, tráfico de influencias, encubrimiento, obstrucción a la justicia, cohecho y organización criminal.
Hazte Oír, por su parte, ha anunciado que presentará acciones judiciales este mismo martes, contra Leire Díez, exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, pero aún no ha presentado ningún escrito. Fuentes de la organización señalan que la denuncia podría incluir delitos de estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias.
Los audios e informaciones desvelados estos días muestran conversaciones de Díez con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por un fraude en el sector de los Hidrocarburos. En ellas, la fontanera del PSOE busca que el empresario le comparta información delicada sobre el agente Antonio Balas, que dirige las investigaciones de la UCO relacionadas con causas como el caso Koldo o la que afecta el fiscal general. A cambio de la información, Díez se ofrece a aliviar el futuro judicial del empresario a través de un acuerdo con la Fiscalía.
Partiendo de estas conversaciones, el partido Iustitia Europa considera que el tráfico de influencias es «directamente aplicable a las conversaciones de Díez, en las que afirma cuestiones gravísimas respecto de poder sentar a la Fiscalía para resolver la cuestión». También es imputable, a ojos de este partido, el cohecho, en tanto que Díez ha ofrecido una «dádiva» al empresario, consistente en favorecer un acuerdo con la Fiscalía en la causa en la que se le investiga.
Por otro lado, la denuncia sostiene que «el intento de desacreditar a miembros de la UCO […] con intención de condicionar su actuación o de perjudicar sus informes» puede implicar un delito de obstrucción a la justicia. Iustitia Europa señala, además, que se podrían haber cometido delitos de encubrimiento y organización criminal.
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